En estos tiempos se viene debatiendo sobre la necesidad de cambiar la entidad pública que tiene a su cargo el nombramiento, ratificación y remoción de los magistrados tanto del Ministerio Público (Fiscalía) como del Poder Judicial.
En los últimos años hemos tenido al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Junta Nacional de Justicia, encargados de dicha tarea, y también existe la propuesta de creación de una Escuela que se encargue de la formación de los magistrados, como asimismo de su incorporación al Sistema de Justicia.
También se han nombrado comisiones para efectuar el diagnóstico de la situación en que se encuentra nuestro Sistema de Justicia, además de hacer propuestas conducentes a las modificaciones que pudiesen requerirse, pero ¡Oh sorpresa!, sin la participación de los abogados ni de los justiciables que son los que sufren a dicho Sistema tal como se encuentra.
La principal observación que le hacemos al Sistema en cuestión es su demora. Un proceso jurisdiccional, sea penal, civil, comercial e incluso laboral, puede demorar años y años, y hasta el paciente Job se indignaría y perdería su tranquila tolerancia.
La demora no solo es de fiscales y jueces, sino también del personal administrativo que los asisten, que demoran una eternidad en notificar sus proveídos, resoluciones y sentencias, pese a que en la práctica el personal en las sedes fiscales y de justicia, se han triplicado.
Ya en plan de broma y para no seguirnos amargando el hígado, recordaré una anécdota en que hace años me entrevistó un canal televisivo en mi domicilio y observaron en el jardín una tortuga de buen tamaño. Me preguntaron su nombre y respondí “se llama Justicia”. La repregunta llegó de inmediato inquiriendo la razón de tal nombre y respondí; “porque es lenta e impredecible”.
Volviendo a lo serio hay excepciones, pues hay existido magistrados que cuando presidían salas en Corte Superior o Corte Suprema, siempre estaban al día, pudiendo destacar en ello la labor de quien fuera notable juez don Manuel Sánchez-Palacios Paiva.
Otro gran defecto de la justicia peruana, son sus larguísimas resoluciones, pues si bien es indispensable argumentarlas, ello no tiene que serlo en soporíferos escritos de páginas y páginas innecesarias muchísimas de ellas,
Se quejan muchas veces los magistrados del intenso y sobrecargado despacho judicial, pero también tienen más asistentes y la ayuda de la informática y digitalización que hace algunos lustros no tenían.
Para ser justos hay que destacar gestiones acertadas en la conducción del Poder Judicial como fue la de Hugo Sivina que promovió los módulos de justica, la de Enrique J. Mendoza que promovió despachos judiciales desconcentrados para evitar su tugurización, al igual que la actual gestión de Javier Arévalo con los juzgados de flagrancia.
En el Ministerio Público, la gestión de la entonces Fiscal de la Nación Gladys Echáiz, se caracterizó por su apreciada tarea de reducir los tiempos y la papelería agotadora, todo lo cual demuestra que si se pueden tomar acciones que ayuden a que la justicia deje de ser un infierno.
