Ministro de Justicia, Eduardo Arana, respaldó las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado, a pesar de que la Dirección de Asuntos Criminológicos lo calificara como no viable.
Tras la aprobación en primera votación del dictamen sobre crimen organizado por parte del Congreso, el cual se llevó a cabo el pasado treinta y uno de Julio, Arana expresó su apoyo a la decisión del Pleno y señaló que “Hay que ponerles un coto a los fiscales porque no pueden catalogar cualquier hecho que a ellos se les ocurre y considerarlos como parte de una organización criminal solamente para satisfacer la necesidad de tener tiempo”.
Ante ello, se le consultó al ministro sobre qué opinaba acerca de las modificaciones a los allanamientos, sin embargo, Arana volvió a criticar la facultad de los fiscales de determinar, con una “Sola discreción y sin control alguno”, cuando un grupo de personas debería ser considerado como uno de presunto crimen organizado.
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Asimismo, la posición del ministro de Justicia contradijo la opinión de la Dirección General de Asuntos Criminológicos de la propia cartera que lidera. No obstante, esta oficina envió a la Comisión de Justicia, con conocimiento de Eduardo Arana, dos informes en los que concluye que las modificaciones planteadas a la Ley contra el Crimen Organizado no son viables.
Cabe señalar, que la declaración del ministro Arana a favor de que el Congreso modifique la definición de una organización criminal, se dio semanas después de que la Fiscalía adecuara la investigación que se le sigue por tráfico de influencias a la Ley contra el Crimen Organizado.
Por su parte, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios Públicos, dispuso el pasado siete de mayo adecuar la investigación a dicha norma y ampliar por ocho meses el plazo, para indagar la llamada telefónica entre Arana y Walter Ríos, destituido expresidente de la Corte Superior de Callao e implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Ante este procedimiento, la defensa del titular de Justicia se mostró disconforme con la decisión y además exhortó al Ministerio Público, concluir las diligencias preliminares y emitir un pronunciamiento. Sin embargo, el pedido fue rechazado, debido a que recurrieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que efectúe un control de plazos.
