La norma «abre un camino a la impunidad donde la delincuencia organizada», sostiene la entidad.
La Cámara de Comercio de Lima demandó al Congreso de la República acerca de la modificación de la recientemente promulgada ley. Según su postura, ellos consideran que dicha ley modifica artículos del Código Penal y otras normas respecto al crimen organizado.
Como se recuerda, la norma recibió el visto bueno por parte del Parlamento. Sin embargo, esta no se pudo analizar por el Ejecutivo. En opinión de la Cámara de Comercio de Lima, la disposición genera «trabas a la justicia en su lucha contra las organizaciones criminales y desalienta la iniciativa de los emprendedores y empresarios para iniciar negocios».
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«Esto tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado», señaló la entidad gremial. Por ende, cuestionó que se condicione la tipificación de organizaciones criminales a quienes controlan la cadena de valor de un mercado o economía legal. «Dicha medida dejaría fuera a quienes cometen delitos de extorsión, secuestro y asalto» que en los últimos tiempos han generado zozobra entre la población.
Además, criticó que se haya dejado fuera a 59 de los 91 delitos penales considerados graves, entre los que se encuentran el enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, soborno internacional pasivo, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, tala ilegal, entre otros casos más.
La institución añadió que la norma, ya publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, «carece de sustento técnico al extremo de haber modificado una ley derogada referida al allanamiento de viviendas e inmuebles».
«La Cámara de Comercio de Lima considera que si una norma anterior podía generar algún abuso, esto se puede corregir. Sin embargo, no se debe ir al extremo, debilitando la lucha contra el crimen organizado. En tanto no se corrija la norma, los jueces tendrían la atribución constitucional de aplicar el control difuso, esto es que, durante un proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces optarán por la primera, inaplicando según sea el caso la norma promulgada», advirtió al respecto.
Finalmente, culminó diciendo que la disposición «abre un camino a la impunidad donde la delincuencia organizada» y que «al ser una problemática trasnacional, atenta contra el crecimiento económico del país».
