Fiscal José Domingo Pérez se volvió loco

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial que la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, participe como testigo en el juicio oral que se lleva a cabo contra la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 30 investigados en el marco del caso cócteles.

En ese sentido, el magistrado indicó que es pertinente obtener el testimonio de la extitular del Ministerio Público debido a que, en su consideración, se demostrará que existió una interferencia en la Fiscalía, la cual habría sido ordenada por miembros del partido Fuerza Popular.

Subrayó que la congresista Martha Moyano manifestó que sostuvo reuniones con Benavides Vargas con la finalidad de que la agrupación liderada por Keiko Fujimori sea favorecida en las investigaciones en su contra y, a cambio, las denuncias constitucionales contra la ex magistrada se archiven.

Asimismo, Domingo Pérez solicitó que se cite como testigo al expresidente de la República, Martín Vizcarra, en relación con una reunión secreta que habría sostenido con la excandidata presidencial por Fuerza Popular en donde Fujimori Higuchi supuestamente le solicitó que rechazara la Ley de octógonos de alimentos debido a que se estaría afectando al sector empresarial. El representante de la Fiscalía señaló que este presunto requerimiento sería el modo de operar de los acusados a fin de favorecer a los «grupos de poder».

El integrante del Equipo Especial también solicitó a la jueza Juan Caballero del Tercer Colegiado Nacional que se cite al exfiscal suizo Stefan Lenz, Iván Manchego, exasesor presidencial durante el Gobierno de Martín Vizcarra Cornejo, el periodista Aldo Mariátegui y otras dos personas más en el referido juicio oral que tiene como protagonista a la exprimera dama de la Nación.

 

Enriquecimiento ilícito

De otro lado, Domingo Pérez, miembro del caso Lava Jato, reiteró su solicitud al Poder Judicial para que se ordene al Ministerio Público el cese de la investigación en su contra por presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, ha dispuesto la programación de una audiencia para evaluar el recurso de apelación y emitir una decisión a la mayor brevedad posible.


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