El Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, a cargo del juez supremo Manuel Luján, dispuso una medida cautelar, la cual ordena el embargo de siete inmuebles del expresidente Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz.
En ese sentido, el exjefe de Estado no podrá vender, traspasar o regalar ninguna de las 7 propiedades las cuales han sido embargadas. Esta acción se da a conocer luego de que el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima, presidido por la magistrada Flor de María Acero Ramos quien dio luz verde a la solicitud de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima.
Según las autoridades, esta medida se realiza con la finalidad de que se garantice una «forma de pago» de una futura reparación civil a favor del Estado peruano. Dicha acción se aplica de acuerdo con la imputación que tiene el exjefe de Estado, Martín Vizcarra, por su desempeño como gobernador regional de Moquegua durante el periodo 2011-2014 en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en los casos Proyecto Limas de Ilo y Proyecto Hospital de Moquegua.
Se conoció que la disposición del Poder Judicial se llevará a cabo en el distrito de San Isidro, ciudad donde Martín Vizcarra tiene 2 departamentos, 2 estacionamientos y 1 depósito. En cuanto a la región de Moquegua, el exministro de Transportes y Comunicaciones durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene un lote en una asociación de vivienda con 10 subviviendas y otro predio en el centro de la misma localidad mencionada.
El referido poder del Estado señala que se ha tomado esta disposición con el objetivo que se lleve a cabo un legítimo resultado del proceso de extinción de dominio.
El 1 de setiembre, el Poder Judicial decidió rechazar, en segunda instancia, el requerimiento del expresidente para que se archive la acusación por el presunto delito de cohecho pasivo propio en su contra. Medida que había sido presentada por el Ministerio Púbico en relación con los casos mencionados anteriormente.
En esa línea, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso que se declare improcedente el recurso de apelación que había presentado la defensa legal de Vizcarra Cornejo tras la decisión de la magistrada Margarita Salcedo, quien el 5 de marzo del presente año, había rechazado un recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por el exmandatario, con la finalidad de que los procesos en su contra se archiven.
El Ministerio Público acusa a Vizcarra Cornejo de cohecho pasivo propio y ha solicitado al Poder Judicial una pena de aproximadamente 15 años por haber recibido coimas de S/ 2.3 millones.
