José Naupari, advierte sobre los problemas de legislación en el marco de las elecciones y las opciones para llegar a una mejor situación en el año 2026.
El abogado constitucionalista y penalista en derecho electoral José Naupari, amonestó sobre los problemas de la legislación de las elecciones como resultado de cambios dados por el Congreso, y las opciones de solución para llegar a una mejor situación en el 2026, en el marco de las próximas elecciones.
Tras ser consultado sobre la legislación electoral, mencionó que ha tenido un miniproceso de reforma para las elecciones regionales y municipales del 2018 “el proceso que impulsó el Ejecutivo el 2019, normas transitorias por el covid para comicios de 2021 y 2022 y el reciente desmontar o relajar regulación. Como aún hay tiempo para hacer reformas a aplicar a las elecciones generales del 2026, es un proceso que no ha acabado”.
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Asimismo, señaló que no terminaron de hacer reformas integrales, debido a que es grave poner la barrera burocrática del requisito de adherentes, “relajar controles a los partidos o incentivos para una vida partidaria activa. Por ejemplo, ya no es causal de suspensión no tener comités en función permanente. Al caer las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) y elegir candidatos por delegados, se resta el incentivo de tener representatividad. Se suma la ley de que los partidos son las únicas personas jurídicas a que no se aplica consecuencia de delitos de sus miembros”.
Finalmente, cuando fue consultado por los cambios que alarman a los especialistas, consideró que se debe votar mejor, debido a que las autoridades pueden hacer todo un descalabro, pero “deben asegurar a como de lugar autonomía de los entes electorales. Pueden tener un desmadre, pero tienes que asegurar por lo menos que los resultados sean reflejo auténtico de la voluntad popular. Eso pasa por tener autoridades electorales objetivas, independientes e imparciales, ajenas al poder político. Pueden hacer lo que quieran, se les puede castigar con el voto, pero si el Congreso logra poner de rodillas o condicionar la independencia y autonomía de los organismos electorales, allí hay una grave amenaza a la propia libertad de la gente, a que se respete su voluntad popular”.
