Imagínate esto: estás en tu casa, rodeado de montañas y con el río que fluye pacíficamente a lo lejos, como si fuera una postal sacada de un paisaje idílico peruano. Pero de repente, todo cambia. El agua que durante años te ha dado vida y sostenido a tu familia está envenenada.
Tus animales comienzan a enfermar, la tierra ya no produce igual, y los médicos te dan un diagnóstico que temes escuchar: cáncer. Así comienza una pesadilla que en la película Dark Waters (2019) se siente lejana, pero que en realidad podría estar mucho más cerca de lo que pensamos.
Dark Waters relata la lucha de un abogado contra la gigante corporación DuPont, responsable de la contaminación de las aguas en Parkersburg, Virginia Occidental, por el uso de químicos tóxicos como el C8, utilizado en la producción del teflón. La película expone cómo la empresa, consciente de los daños, continuó envenenando los ríos que abastecían a comunidades enteras. ¿Podría algo similar ocurrir en Perú? La respuesta es aterradoramente posible.
En Perú, la problemática ambiental no es nueva. Desde la explotación minera hasta el vertido de desechos industriales en nuestros ríos y mares, los casos de contaminación son alarmantes. De acuerdo con la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), toda persona tiene derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
Sin embargo, la implementación de esta ley no ha sido sencilla, y muchas comunidades, especialmente en zonas rurales, siguen luchando por hacer oír su voz frente a las grandes corporaciones.
La legislación existe, pero ¿realmente se cumple? En Perú, tenemos un marco legal que debería proteger a las comunidades de desastres ambientales como los mostrados en la película. La Ley N° 28611 establece la obligación de las empresas de reparar el daño ambiental y de prevenir cualquier impacto negativo en el ecosistema. Pero, tal como lo demuestra la película, las leyes son solo tan fuertes como quienes las hacen cumplir. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en Perú es la falta de fiscalización efectiva.
Las sanciones para las empresas que contaminan son, en muchos casos, irrisorias en comparación con los daños que causan. Además, la burocracia y la corrupción a menudo impiden que las comunidades accedan a la justicia ambiental. Al igual que en Dark Waters, donde la verdad fue encubierta por años, en Perú no son pocos los casos donde se minimizan o se ocultan los efectos de la contaminación hasta que es demasiado tarde.
En el Perú, los vertederos de aguas residuales contaminadas con químicos están regulados principalmente por la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) y sus normas complementarias, como el Reglamento de Calidad Ambiental para el Recurso Hídrico (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM). Esta legislación tiene como objetivo principal proteger la calidad del agua, estableciendo límites máximos permisibles para el vertido de sustancias contaminantes en cuerpos de agua naturales, como ríos, lagos y mares. Los vertidos industriales, mineros y de cualquier otra actividad económica deben cumplir con parámetros específicos de control de calidad, como la medición de la presencia de metales pesados (mercurio, plomo, arsénico), así como otros compuestos químicos peligrosos.
En el caso de incumplir con estos límites, las empresas se enfrentan a sanciones económicas, la suspensión de sus actividades y la obligación de implementar medidas correctivas. Sin embargo, como ocurre en la película, la verdadera cuestión en Perú no es la falta de legislación, sino la debilidad en su fiscalización.
El caso de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo debido a décadas de actividades mineras y metalúrgicas, ilustra cómo el vertido de aguas con químicos tóxicos puede devastar comunidades enteras.
A pesar de las regulaciones, los habitantes sufren graves problemas de salud, y las responsabilidades por la contaminación han tardado años en ser asumidas completamente. ¿Cómo Avanzamos desde Aquí? Dark Waters nos deja una lección clara: el poder del individuo y la comunidad frente a la corrupción y la negligencia ambiental.
En Perú, enfrentamos desafíos similares. Las leyes existen, pero su implementación es débil. Necesitamos fortalecer el sistema de fiscalización, incrementar las sanciones a las empresas que violan las normativas ambientales y garantizar que las comunidades afectadas tengan acceso a una justicia rápida y efectiva.
No podemos permitir que el agua que fluye por nuestras montañas y valles se convierta en una amenaza para nuestras vidas. Debemos recordar que la lucha por un ambiente saludable es, en última instancia, una lucha por la vida misma.
(*) Abogada Constitucionalista
