La inversión privada se prevé que caiga a un 1,6% según fuentes especializadas, mientras que el BCRP la mantiene en un 2,3%. Este año, el rebote tras la recesión no será suficiente para cerrar las brechas sociales.
La inversión privada representa el 80% de la inversión en el mercado peruano, mientras que el resto corresponde a la inversión pública. Para este año, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha recortado sus expectativas de crecimiento para este sector, reduciendo su tasa de expansión de 2,7% a 1,6%.
Una lectura similar proviene de Thorne & Associates, que también proyecta un crecimiento del 1,6%. Esto afectaría los indicadores de producción de minería metálica, que pasaría de 3,3% a 1,7% este año debido a la menor producción de cobre. En el sector manufacturero, se espera una caída de 3,6% a 3,0%. Por otro lado, la construcción retrocedería de 3,3% a 2,8% por las menores perspectivas mencionadas.
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El IPE sostiene que la economía crecerá un 3,0% a pesar del deterioro de la inversión privada, aunque advierte que «su estancamiento y los desafíos en la exportación podrían limitar el potencial de expansión económica». Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene su proyección de avance de la inversión privada en 2,3%, lo que representaría su mejor resultado en los últimos dos años, considerando caídas del 0,5% en 2022 y del 7,3% en 2023.
Un Mal Endémico
Julio Velarde, presidente del BCRP, señaló en la reciente presentación del Reporte de Inflación de septiembre que uno de los factores que «jala hacia abajo el crecimiento» es la inseguridad ciudadana. “¿Quién quiere invertir? La extorsión es lo peor. En una ciudad han disminuido los asesinatos, pero parece que es porque todos están pagando el cupo. La situación es grave y hay que corregirlo”, comentó
A pesar de la recuperación de las expectativas macroeconómicas de los empresarios, según el BCRP —con la mayoría en un terreno optimista, aunque «no dramático, sino una mejora paulatina», según Velarde—, desde la Asociación Mypes Unidas del Perú han señalado que los pequeños comerciantes, como bodegas y restaurantes, se ven obligados a cerrar debido a las extorsiones a las que están sometidos.
