De acuerdo con la Fiscalía, el hermano de la presidenta Boluarte y Ortíz Marreros habrían cometido el delito de tráfico de influencia
El Ministerio del Interior (Mininter) ha iniciado los procedimientos para proporcionarle un abogado defensor a José Luis Ortíz Marreros, ex director general de Gobierno Interior, quien está implicado en el caso ‘Waykis en la Sombra’. Este beneficio, que será financiado con dinero público, fue solicitado por Ortíz Marreros, quien está siendo investigado por presunta participación en una red de tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado.
Durante su tiempo como alto funcionario, Ortíz Marreros dirigió a los prefectos a nivel nacional, un cargo que, según la Fiscalía, fue utilizado como parte de un esquema de control político. La acusación sostiene que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, habría utilizado estos puestos como «botín político» para la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’.
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La solicitud de Ortíz Marreros para que el Ministerio del Interior cubriera sus gastos de defensa fue presentada el 16 de septiembre y aprobada el 26 de septiembre, según la Resolución de Secretaría General N° 130-2024-IN-SG. Esto significa que el Ministerio será el encargado de contratar y pagar los honorarios del abogado defensor.
Según la investigación de la Fiscalía, Ortíz Marreros desempeñó un papel clave en una red criminal dedicada a la colocación ilegítima de subprefectos en Cajamarca y San Martín, con el objetivo de controlar actividades delictivas. El Ministerio Público sostiene que estas designaciones se hicieron bajo recomendaciones de Noriel Chingay Salazar, Prefecto Regional de Cajamarca y supuesto miembro de la organización criminal.
