El Ministerio Público incautó propiedades vinculadas a la investigación que se sigue a Susana Villarán. Se informó que se habrían adquirido con fondos ilícitos tras un pacto entre la exalcaldesa y empresas brasileñas OAS y Odebrecht.
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, con el apoyo de la Procuraduría Pública Especializada de Extinción de Dominio, ejecutó la incautación de una oficina y un estacionamiento doble, ubicados en la urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco.
Dichos bienes inmuebles fueron adquiridos por la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., de propiedad de César Simón Meiggs Rojas, la cual fue utilizada para recibir activos maculados.
Las propiedades, valorizadas en S/ 907,984, estarían a nombre de Janet Marlene Alva Cornejo y serían producto de la actividad ilícita vinculada al delito contra la administración pública.
Según la indagación patrimonial, estos bienes habrían sido adquiridos con fondos ilícitos derivados del pacto ilícito entre Susana Villarán de la Puente, como alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2011-2014), y las empresas OAS y Odebrecht con la finalidad de favorecerla en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2014.
Como se recuerda, la Fiscalía considera que la exalcaldesa de Lima lideró una organización criminal que recibió más de US$ 10 millones en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar en el municipio.
El Ministerio Público informó que la denuncia es por asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Cabe señalar, que el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, iniciará tras concluir el control de acusación en el caso que se le sigue por corrupción y lavado de activos.
El juez Jorge Chávez Tamariz fue el encargado de emitir el auto de enjuiciamiento por los aportes en campaña por parte de las empresas Odebrecht y OAS en la ‘NO revocatoria’ en 2013.
La disposición también aplica a 18 personas naturales, así como 12 personas jurídicas como José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros. A todos ellos se los implicó en 12 hechos delictivos. En consecuencia, el fiscal solicitó entre nueve a 25 años de prisión.
Vale precisar que la indagación tiene más de 4 000 pruebas en las que están sustentadas las acusaciones. Ahora solo queda que el juez emita la resolución para que se dé apertura al juicio oral. Todo indica que a Susana Villarán le espera la cárcel.
