La fiscalía ha solicitado 18 años de prisión contra la ex parlamentaria, Yesenia Ponce, de Fuerza Popular por falsificar certificados de cuarto y quinto de secundaria.
La Segunda Fiscalía Suprema Penal, liderada por Zoraida Ávalos, ha presentado una acusación contra la excongresista fujimorista Yesenia Ponce, solicitando 18 años de prisión. Esta acusación está relacionada con los certificados de cuarto y quinto de secundaria que Ponce presentó ante la Comisión de Ética Parlamentaria, los cuales se sospecha que son falsos.
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El Ministerio Público investigó no solo la presentación de estos documentos, sino también otros 15 hechos asociados. Entre ellos, la coordinación para fabricar los certificados falsos y el presunto reclutamiento de personas que se hicieron pasar por compañeros y maestros de Ponce para declarar falsamente ante la Comisión de Ética. De estos hechos, Ponce habría participado en 9, lo que ha llevado a que sea acusada por los delitos de uso de documentos públicos falsificados, falsificación de documentos y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Además, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción exige una reparación civil de 280,000 soles a favor del Estado, que Ponce y los demás acusados deberán pagar.
Audiencia programada para noviembre
El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha programado una audiencia de requerimiento mixto para el 12 de noviembre a las 10:00 a.m. En esta audiencia, se debatirán tanto la acusación como el pedido de sobreseimiento presentado por la Fiscalía en relación al delito de desobediencia a la autoridad. Este último cargo fue planteado después de que Ponce no entregara los certificados originales solicitados por la Comisión de Ética, pero la Fiscalía ha pedido archivar este proceso, argumentando el derecho a la no autoincriminación de la excongresista.
Posible inhabilitación de Yesenia Ponce
En junio de 2023, el Congreso aprobó la inhabilitación de Yesenia Ponce por 10 años para ejercer cualquier cargo público, en relación con los mismos certificados presuntamente falsos. Asimismo, se le levantó el antejuicio para que pueda ser procesada por delitos de cohecho, falsificación de documentos y falsedad genérica.
Este caso ha generado gran interés público debido a las implicaciones legales y políticas para la excongresista y los demás implicados, y se espera que las decisiones en las próximas audiencias sean claves para definir su futuro judicial.
