Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuestionó a la presidenta Boluarte por evitar responder a la prensa por las vinculaciones con el prófugo Vladimir Cerrón y otras acusaciones.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha evitado responder a las preguntas de la prensa nacional durante 89 días, eludiendo temas críticos como su presunta implicación en el caso de Vladimir Cerrón, líder prófugo de Perú Libre, y el polémico caso Rolex. En lugar de enfrentar estos cuestionamientos, Boluarte ha optado por ofrecer discursos en los que resalta los avances de su gobierno, sin abordar las controversias directamente.
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En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) opinó que el silencio de Boluarte frente a la prensa podría deberse a un posible miedo o inseguridad. «Quizás no sabe qué decir y por eso le tiene miedo», afirmó PPK, recordando que durante su gestión no temía enfrentar a los medios, a pesar de la presión que ejercían.
Reacción de Kuczynski sobre el caso del vehículo presidencial
Aunque PPK evitó comentar sobre el vehículo presidencial en el que supuestamente se habría fugado Cerrón, sí recordó su experiencia recorriendo el país sin incidentes y destacó que nunca fue expulsado de ninguna región, en contraste con la recepción hostil que ha enfrentado Boluarte en varias partes del país.
El premier defiende el silencio de Boluarte
El primer ministro Gustavo Adrianzén defendió la decisión de la presidenta de no interactuar directamente con los medios. Según Adrianzén, Boluarte se comunica «diariamente» con la población a través de sus actividades y obras a nivel nacional, afirmando que la presidenta usa otros medios como las redes sociales para mantener contacto con los ciudadanos. «Lo pueden ver todos los días», añadió el premier, justificando la estrategia de comunicación de la mandataria.
PPK sigue siendo procesado por crimen organizado
En paralelo, Pedro Pablo Kuczynski y su chofer, José Luis Bernaola Ñuflo, continúan enfrentando cargos por crimen organizado y lavado de activos. El juez Jorge Chávez Tamariz decidió seguir adelante con el proceso, basándose en una interpretación amplia de la Ley 23108, en línea con la Constitución y la Convención de Palermo. Además, el juez tomó como referencia la Ley RICO de Estados Unidos, que se utiliza para combatir organizaciones criminales, aplicando su concepto de «control de la cadena de valor de mercado» al caso peruano.
Esta decisión judicial sigue el mismo enfoque empleado en los casos de Vladimir y Waldemar Cerrón, líderes de Perú Libre, quienes también han sido investigados bajo acusaciones similares.
