Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, hace una crítica sobre el actuar del poder Ejecutivo y Legislativo.
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Según Ledesma, el Estado peruano ha sido infiltrado por la criminalidad, operando con impunidad.
Inseguridad y propuestas del Congreso
La creciente inseguridad preocupa a muchos, y en respuesta, sectores del Congreso y el Gobierno han planteado la figura del «terrorismo urbano» como solución. Sin embargo, Ledesma considera esta medida como meramente efectista y sin sustento real. Señala que la delincuencia actual no es el típico ladrón, sino una estructura criminal organizada con apoyo desde dentro del Estado. Esta delincuencia, de «cuello y corbata», tiene vínculos legales y protección desde el Congreso y el Ejecutivo, con ministros del Interior que no logran enfrentar el problema de manera efectiva.
Además, Ledesma resalta que el aumento de la pobreza, con uno de cada tres peruanos viviendo en condiciones precarias según el INEI, también es un factor que agrava la situación de inseguridad. En este contexto, califica la idea del «terrorismo urbano» como un ejemplo de populismo punitivo.
Ley 32108 y la protección a organizaciones criminales
Otro aspecto alarmante es la resistencia del Congreso a derogar la Ley 32108, que varios expertos han señalado como beneficiosa para las organizaciones criminales. Ledesma sostiene que estas bandas no operan de manera aislada, y que el Congreso, al mantener leyes como esta, actúa como parte de estas estructuras delictivas.
Para Ledesma, si el Congreso quisiera deslindarse de estas organizaciones criminales, debería comenzar derogando leyes que dificultan la lucha policial contra el crimen y revisando la tipificación de «organización criminal». Sin embargo, considera que tanto el Congreso como el Ejecutivo están profundamente infiltrados por estas redes, permitiendo que la delincuencia opere con mayor libertad y protección.
