El exmandatario deberá declarar en Tarija el 10 de octubre en medio de tensiones sociales.
Evo Morales, expresidente de Bolivia, ha sido citado a declarar por la Fiscalía en relación a una investigación por trata de personas y estupro. Se le acusa de haber embarazado a una menor cuando aún ejercía como jefe de Estado. La citación, entregada personalmente por la policía en las oficinas de las federaciones cocaleras, ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes han advertido con protestas y convulsión social si Morales es detenido.
El martes 2 de octubre, la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) entregó la notificación al exmandatario en Cochabamba, luego de no encontrarlo en su domicilio. Según Freddy Medinacelli, director de la Felcc, Morales firmó la notificación, pese a que inicialmente se resistió a recibirla. La fiscalía ha convocado al expresidente a declarar en Tarija el próximo 10 de octubre, junto con otras dos personas también implicadas en el caso.
La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, liderada por cocaleros, ha emitido un contundente comunicado advirtiendo que, de ser detenido Morales, estallarán protestas a nivel nacional. “No garantizamos la estabilidad del país si tocan o encarcelan a Evo Morales. La insurgencia será responsabilidad del Gobierno”, señaló Dieter Mendoza, dirigente de una de las federaciones. Mendoza sostiene que el caso es un intento de persecución política orquestado por una justicia “corrompida”.
Este proceso legal contra Morales no es nuevo. La investigación comenzó en 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez. En ese momento, se acusó al exmandatario de haber tenido una relación con una menor de edad desde 2016, cuando la joven tenía 16 años. La prueba principal sería una partida de nacimiento emitida en 2018 en Yacuiba, localidad fronteriza con Argentina, que reconoce a Morales como padre de una hija nacida de esa relación.
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Si bien la orden de aprehensión fue emitida el 2 de octubre, posteriormente fue anulada cuando una jueza otorgó una acción de libertad a Morales. A pesar de la anulación, el caso permanece bajo reserva judicial para proteger la identidad de la menor involucrada.
El entorno del expresidente ha calificado esta citación como un acto de «persecución judicial», en represalia por la marcha que Morales lideró en septiembre en contra del actual Gobierno de Luis Arce. Morales enfrenta varios procesos judiciales, mientras que su futuro político continúa en suspenso, en medio de las tensiones internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
