El congresista Fernando Rospigliosi desde su cuenta de X saludó la aprobación de la ley evitará que jueces “politizados y prevaricadores” interfieran en las decisiones del Parlamento Nacional.
Fue tras la aprobación en el Pleno del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 31307, ley del Nuevo Código Procesal Constitucional.
“Se aprobó el dictamen de la Comisión de Constitución, entre otras cosas, sobre contiendas de competencia ante el Tribunal Constitucional, para evitar que magistrados politizados y prevaricadores bloqueen decisiones exclusivas y excluyentes del Congreso”, escribió.
Rospigliosi hace referencia a que entre los cambios aprobados, lo que se plantea es que las decisiones del Congreso, en caso de juicio o antejuicio político, no puedan ser revocadas por el Poder Judicial, es decir los sancionados no podrán buscar el blindaje en el sistema de justicia por una decisión política del Parlamento.
Esta norma es importante, debido a que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se tiene procesos abiertos contra los cuestionados Jorge Luis Salas Arenas, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra, Salvador del Solar y otros ex altos funcionarios, que tiene la posibilidad de acudir al Poder Judicial en busca de blindaje y evitar una sanción política del Congreso.
Un caso emblemático de este blindaje es de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por cinco años, acusada por el Congreso de infringir la Constitución al suspender la investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, Ávalos fue repuesta por decisión del Poder Judicial
Otro caso relevante fue la destitución de los cuestionados Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes fueron removidos de la Junta Nacional de Justicia. En la votación inicial, solo prosperó la inhabilitación de Tello, pero, tras una evidente negociación entre las bancadas, se presentó una reconsideración y también se destituyó a Aldo Vásquez.
Cabe señalar que los tres magistrados presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial, alegando que la decisión del Congreso fue injusta. Meses después, el recurso fue declarado fundado y fueron restituidos en sus respectivos cargos, torciendo una decisión soberana del Parlamento Nacional.
