Los abogados Wilber Medina y Andy Carrión respaldaron la suspensión de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), y señalaron que su caso derivaría en la destitución debido a las contundentes pruebas en su contra.
Medina dijo que “es adecuada la suspensión debido a la solidez de los cargos en su contra”.
“Los cargos son sólidos y la Autoridad Nacional de Control (ANC) luego de la investigación emitirá un informe indicando la destitución de Barreto ante la JNJ que es la que finalmente lo decide”, anotó.
Respecto a si la actual Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes principalmente están vinculados a la izquierda caviar, es la que decidiría el futuro de Barreto, consideró que no sería así, ya que se prevé el cambio de los mismos en los próximos meses.
En ese sentido, consideró que serían los nuevos miembros de la JNJ los que definirían en base al informe que emita la JNJ.
“El cambio es inminente de estos ‘lagartos’ (actuales miembros de la JNJ) y los nuevos integrantes serían los que tomen la decisión en su caso”, dijo.
Por su parte, Andy Carrión refirió que la suspensión de Barreto “es una medida saludable porque las evidencias son abrumadoras”.
“Ella dijo en una entrevista que tendría conocimiento que Carlos Paredes era informante de la Policía y eso no se puede hacer, más aún cuando eres fiscal. Eso es un agravante”, refirió.
Recalcó que no solo existe una investigación administrativa a cargo de la ANC sino que existe una investigación penal por estos mismos hechos “y cuya pena podría alcanzar de 5 a 7 años de prisión”.
Sobre la destitución consideró que era inevitable porque “nunca he visto un caso tan palmario donde la misma investigada reconozca el delito y la irregularidad”.
“En otros casos hay que trabajar la prueba o ver si el delito está vinculado en sí, pero en este caso la ‘prueba madre’ es la propia declaración de la fiscal Barreto. Desde mi perspectiva entendería que aquí hay una de las más penas gravosas, como la destitución”, anotó.
Indicó que “el otro riesgo es el penal. Aquí existen abundantes evidencias. Ella es investigada por 2 delitos en el ámbito penal: por indebida filtración de información y por la omisión de funciones. Esta filtración implicaría ventilar datos y una carpeta especifica y vincular a testigo protegido con un caso en concreto”.
