La Corte Superior de Lima expresó preocupación por proyectos de ley que podrían amenazar la independencia judicial y afectar derechos humanos fundamentales.
La Corte Superior de Justicia de Lima ha expresado su rechazo a varios proyectos de ley que serán debatidos por el Congreso este viernes 11 de octubre. En un comunicado, la Corte señaló que estas propuestas podrían poner en riesgo la independencia judicial. Esto ya que incluyen sanciones disciplinarias y penales para jueces y fiscales cuyas detenciones preliminares o sentencias sean revocadas. Según el comunicado, esto comprometería el ejercicio adecuado de la función jurisdiccional.
«El Congreso, va a someter a debate y votación en su Pleno, los proyectos de Ley No. 1192/2023 y otros que modifican la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, estableciéndose sanciones disciplinarias y penales a los jueces que dictaren detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria y fueran revocadas por la instancia superior, pretendiéndose de manera similar sancionar también a los fiscales que hubieren solicitado dichas medidas», se lee en el comunicado difundido en redes sociales.
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Preocupación por la reforma del Código Procesal Constitucional
La Corte también mostró preocupación por trece proyectos de ley que modificarían el Código Procesal Constitucional, afectando el proceso cautelar y la ejecución de sentencias donde el Congreso esté involucrado. Advirtieron que estas reformas podrían generar responsabilidad del Estado peruano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. «Esto motiva una honda preocupación y amerita un debate más amplio y responsable del proyecto de ley en mención, más aún si dichas modificaciones podrían acarrear la responsabilidad del Estado Peruano ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos», agregaron.
Crimen organizado y leyes recientes
El comunicado también señala que el Congreso aprobó varias leyes sin observaciones del Ejecutivo. Entre ellas están las Leyes 31571, 31989, 31990, 32104, 32017, 32054 y 32108, lo que ha debilitado al Poder Judicial en su lucha contra el crimen organizado.
«Estas normas han debilitado al Poder Judicial y a los jueces, para enfrentar la criminalidad organizada que han contribuido a la inseguridad ciudadana, al incremento de la delincuencia y los actos de corrupción», manifestaron.
Posición sobre el caso de María Vidal La Rosa
Finalmente, la Corte rechazó cualquier inconducta funcional de sus miembros. Esto tras la suspensión de la jueza María Vidal La Rosa Sánchez por seis meses. Medida tomada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Suspendieron a la jueza por presuntas faltas graves y su relación con el expresentador Andrés Hurtado.
