La ley ha sido defendida por congresistas de los partidos de Perú Libre y Fuerza popular que tienen mayoría parlamentaria
El Congreso de la República ha ignorado las exigencias de los transportistas que el 10 de octubre solicitaron la derogatoria de la Ley 32108, relacionada con el crimen organizado. Durante la sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el 11 de octubre, la alianza conformada por el fujicerronismo y sus aliados defendió la vigencia de esta norma, dejando claro que no darán marcha atrás.
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Reunión en el Congreso y defensa de la Ley
La sesión se centró en discutir un proyecto de la Defensoría del Pueblo que busca precisar los alcances de la Ley 32108 en relación a la presencia de abogados de los investigados durante allanamientos. Sin embargo, los congresistas de oposición mostraron su descontento, ya que los transportistas pedían la derogatoria total de la ley, no solo modificaciones. Este pedido se basaba, principalmente, en la redefinición del delito de organización criminal.
El bloque dominante del Congreso dejó claro que solo se discutían posibles modificaciones, descartando cualquier posibilidad de derogarla.
Defensa fujicerronista de la Ley 32108
Congresistas de Fuerza Popular fueron los primeros en defender la norma. Eduardo Castillo señaló que quienes rechazan la Ley 32108 “buscan disfrazar el vandalismo como derecho a la protesta”. Su colega, César Revilla, afirmó que derogar la ley sería legalizar las marchas violentas. Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, argumentó que la ley ha sido clave para combatir el crimen organizado, y que quienes están detrás de su derogatoria «son las mafias».
Asimismo, Kelly Portalatino y María Agüero, de Perú Libre, se manifestaron en contra de eliminar la ley, asegurando que esta es una herramienta vital para luchar contra el crimen organizado.
Oposición exige la derogatoria
A pesar del respaldo de la mayoría del Congreso a la ley, algunos congresistas de la oposición insistieron en su derogatoria. Alex Flores, de la Bancada Socialista, criticó que la ley beneficia a los delincuentes, mientras que Edgar Reymundo, del Bloque Democrático Popular, cuestionó si el rechazo a la ley implicaba que los transportistas fueran considerados mafiosos.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, intervino proponiendo una reforma para redefinir la organización criminal y limitando la presencia de abogados durante allanamientos. Sin embargo, no se alcanzó un consenso en el hemiciclo ni para modificar ni para derogar la ley.
Paro indefinido de transportistas
Mientras el debate continuaba, los dirigentes transportistas, que se encontraban en las afueras del Congreso, decidieron convocar a un paro indefinido. Sienten que los congresistas han ignorado sus demandas y no han respondido a sus reclamos.
