El Congreso aprobó proyectos de ley para sancionar a jueces y fiscales que liberen a detenidos en flagrancia o cuyos fallos sean revocados.
Con 84 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el Congreso aprobó en primera votación los proyectos de ley 8507 y 8959. Estas propuestas buscan imponer sanciones disciplinarias y penales a jueces que emitan detenciones preliminares, prisiones preventivas o sentencias condenatorias que luego sean revocadas por una instancia superior. También contempla sanciones para fiscales que soliciten tales medidas.
Durante la sesión, se intentó exonerar ambos proyectos de una segunda votación, pero no se consiguieron los votos necesarios. Las propuestas legislativas fueron impulsadas por las bancadas de Renovación Popular y Avanza País. El 10 de octubre, la Junta de Portavoces acordó eximir estos proyectos del dictamen de la Comisión de Justicia.
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Pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia
Antes de la votación, la Corte Superior de Justicia de Lima expresó su preocupación a través de un comunicado, instalando al Congreso a respetar la independencia judicial. Alertaron sobre las propuestas de modificar la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal. Señalaron que se buscaba «establecer sanciones disciplinarias y penales a jueces y fiscales cuyos fallos o solicitudes fueron revocados por una instancia superior».
Opinión de expertos legales
En una entrevista para Canal N, Oswaldo Ordóñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, se opuso a los proyectos, señalando que «Con esta ley se está criminalizando la función jurisdiccional y la función fiscal». Advirtió que se estaban tipificando como faltas graves ciertas decisiones judiciales, lo que podría llevar a la destitución de jueces o fiscales.
Ordóñez también subrayó que la ley permitiría procesar penalmente a jueces por dictar detenciones preliminares o preventivas que luego sean revocadas. Consideró que esta ley afecta gravemente la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, vulnerando la separación de poderes.
