Sanciones a congresistas por reducción de sueldos es leve gracias a la comisión de ética; sin embargo, Ministerio Público encuentra argumentos suficientes para que sean delitos.
Un nuevo caso de un supuesto congresista “mochasueldo” ha salido a la luz, esta vez involucrando al parlamentario del Bloque Socialista, Pasión Dávila. Según un informe de Panorama, Dávila habría solicitado a su exasesor principal el bono mensual que este recibía del Parlamento. La Comisión de Ética Parlamentaria está evaluando si corresponde imponerle una sanción, aunque existe la posibilidad de que el caso termine en un blindaje, como ha sucedido con otros legisladores en situaciones similares.
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En los últimos años, se ha vuelto común que las decisiones de la Comisión de Ética difieran de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Mientras que la Fiscalía presenta denuncias constitucionales al encontrar indicios de delitos, la Comisión suele imponer sanciones más leves o, en algunos casos, ninguna, lo que impide que los congresistas sean procesados penalmente.
Casos previos de ‘mochasueldos’
El caso de Pasión Dávila recuerda a otros parlamentarios que también fueron acusados de recortar los sueldos de sus trabajadores. Uno de los ejemplos más recientes es el de Rosio Torres, del partido Alianza para el Progreso, señalada por mochasueldos. Aunque la Comisión de Ética inicialmente recomendó una suspensión de 120 días y el envío del caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, su colega Cheryl Trigozo propuso cambiar la sanción por una amonestación pública y una multa de 30 días, lo que finalmente fue aprobado.
Meses después, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra Torres por el delito de concusión, basándose en testimonios, conversaciones y otros elementos de prueba.
Más casos de blindaje en el Congreso
Otro caso controversial en la Comisión de Ética fue el de Rosselli Amuruz, quien fue investigada por supuestamente organizar la fiesta de cumpleaños de su pareja, el excongresista Paul García, en septiembre de 2023, evento que terminó en el asesinato de Christian Enrique Tirado. La investigación parlamentaria concluyó con una amonestación pública y una multa de 60 días, pero no avanzó en otros aspectos, como la contratación de allegados de García. Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por contrataciones sospechosas, lo que derivó en una denuncia constitucional por negociación incompatible en junio de 2024.
Finalmente, el congresista fujimorista David Jimenez Heredia fue acusado de haber obligado a una trabajadora de su despacho a laborar en su centro de estudios, lo que para la Fiscalía constituye un caso de peculado. No obstante, la Comisión de Ética solo le impuso una amonestación pública y 60 días de multa.
Fiscalía y Congreso: caminos divergentes
Mientras el Congreso sigue blindando a varios de sus miembros, la Fiscalía de la Nación continúa investigando y presentando denuncias constitucionales contra los congresistas implicados en actos de corrupción. Este enfrentamiento entre ambas instituciones evidencia la dificultad de sancionar a los parlamentarios en el actual contexto político.
