El artículo expresa el desacuerdo con la noción de que los poderes del Estado están alineados con la población. Se enfoca en la creciente desconexión entre la ciudadanía y el gobierno, lo que ha llevado a un deterioro económico y a la necesidad de proteger nuestras vidas y las de nuestros seres queridos y plantea un panorama preocupante sobre la situación de seguridad y justicia en Perú, sugiriendo que el país podría estar en camino hacia un estado de «república bananera».
Estadísticas Alarmantes
Más de 6,000 millones de soles anuales en perdidas económicas, por el delito de extorsión (0.7% del PBI del país).
300 obras de construcción paralizadas, azotadas por la extorsión y el sicariato, 1,000 millones de soles, reportaron en pérdidas en ese sector solo en el primer trimestre del 2024.
En Lima y Callao, 9,792 bodegas han sido víctimas de extorsión. Sectores importantes como la construcción y el comercio en Gamarra también son afectados por redes criminales. Muchos propietarios de bodegas prefieren pagar entre 300 y 400 soles semanales en lugar de denunciar.
César Soberón, secretario de la FTCCP, informa que más de 24 líderes han sido asesinados por el crimen organizado en este año. Los trabajadores de la construcción también sufren extorsiones, con pagos de entre 500 y 1,000 soles por empleo.
Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Gamarra, señala que las bandas han dividido espacios públicos, cobrando cuotas a comerciantes informales. Martin Valeriano, presidente de ANITRA, menciona que las extorsiones han aumentado tras el estado de emergencia. Mario Arce, de la Cooperación Nacional de Mototaxistas, indica que los mototaxistas deben pagar entre 8 y 10 soles diarios a estas bandas.
La extorsión, que ya era un problema en La Libertad hace una década, se ha extendido por la violencia creciente, la falta de seguridad y leyes que favorecen a los delincuentes, apoyadas por el Congreso. La policía enfrenta dificultades para detener a estos criminales, debido a que no cuenta con equipos especializados y un mejor servicio de inteligencia.
Existe preocupación por la influencia de las economías ilegales en la política, donde se relajan los controles sobre el crimen. El impacto económico en el PBI es alarmante, ya que desviará recursos de áreas cruciales como salud, educación y transporte. Las leyes promulgadas por el Estado parecen favorecer la criminalidad.
Modificaciones penales convertidas en leyes:
El Congreso ha implementado modificaciones legales garantizando la impunidad, con siete leyes que fortalecen actos delictivos, como la corrupción y crimen organizado. Estas leyes obligan a los magistrados cumplirlas con nuevas normativas que favorecen a los delincuentes.
Entre ellas:
Ley 31751: Manipula plazos de prescripción para salvarse de determinados procesos, se conoce como “Ley Soto”.
Ley 32104: Interpretación autentica que obliga a los jueces acatar a la llamada “Ley Soto”.
Ley 31989: Reajusta a la ley contra el crimen organizado.
Ley 31990: Debilita el sistema de colaboración eficaz.
Ley 32054: Excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal.
Ley 31108: Fortalece el crimen organizado.
¡Adelante!
(*) Expresidente de la República
