El fiscal Germán Juárez Atoche afirma tener los medios probatorios suficientes para una condena de 25 años de cárcel, incluyendo declaraciones de colaboradores eficaces y registros telefónicos que vinculan al exmandatario en los sobornos del Consorcio Obrainsa.
El expresidente Martín Vizcarra se enfrentará a un juicio oral programado para el 28 de octubre por el caso ‘Lomas de Ilo’.
El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, afirmó tener pruebas suficientes para condenar al exmandatario con 25 años de cárcel por adjudicar el proyecto de irrigación al Consorcio Obrainsa a cambio de sobornos millonarios cuando era gobernador regional de Moquegua.
Juárez, en una entrevista para el programa ‘Informamos y Opinamos’ de Exitosa, fue contundente al declarar que “la Fiscalía tiene todas las pruebas necesarias para meter tras las rejas al expresidente”. “Todos los casos que ha formulado acusación el Ministerio Público, tienen las pruebas más que suficientes para obtener una sentencia condenatoria y el caso de Martín Vizcarra no es la excepción”, indicó.
Entre las evidencias mencionadas se encuentran declaraciones de colaboradores eficaces y pruebas documentales que acreditan la entrega de dinero a Vizcarra Cornejo. Además, señaló que existen registros de llamadas telefónicas con funcionarios de Obrainsa y que el exministro de Agricultura José Manuel Hernández Calderón, quien admitió su responsabilidad, indicó que fue utilizado como intermediario en estos sobornos.
“Hay pruebas documentales que acreditan la salida de ese dinero que llegó a manos de Martín Vizcarra. Se tienen registros de llamadas telefónicas que respaldan las acusaciones y que un exministro admitió su rol como intermediario en estas operaciones”, precisó.
Como se recuerda, el exministro José Manuel Hernández Calderón, ha sido declarado colaborador eficaz en la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos, según informó el fiscal Germán Juárez. Hernández fue utilizado como intermediario para recibir sobornos de la constructora ICCGSA por la construcción del Hospital de Moquegua.
Hernández Calderón afirmó que Vizcarra lo utilizó como intermediario entre el consorcio representado por Rafael Granados y él mismo, para gestionar el pago indebido de 1 millón 300 mil nuevos soles. El fiscal Germán Juárez subrayó la importancia de la declaración de Hernández, quien presentó su teléfono móvil para acreditar las comunicaciones con Vizcarra relacionadas con este caso.
Además del caso del Hospital de Moquegua, la Fiscalía también acusa a Vizcarra por su implicación directa en una licitación internacional durante su período como gobernador regional de Moquegua. Según las investigaciones, Vizcarra habría intervenido para favorecer al consorcio Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo a cambio de beneficios económicos.
