ESAN, la universidad responsable de elaborar el examen para el concurso público de candidatos a magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue inhabilitada entre marzo de 2021 y marzo de este año para contratar con el Estado.
El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) impuso esta sanción a ESAN por la presentación de un documento falso en un concurso público similar al que llevó a cabo para la JNJ. Este caso, que data de 2018, se refiere a un proceso en el que ESAN se encargó de elaborar las distintas fases de un examen de conocimientos para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), según las resoluciones del TCE.
“Un concurso de esta naturaleza requiere de una diligencia máxima porque debe cuidarse, además de la capacidad efectiva de un proveedor de prestar el servicio, que no se afecte la confianza ni la credibilidad de los resultados. Proteger esa confianza es un deber de la Comisión Especial”, señaló Úrsula Indacochea Prevost, abogada de la Fundación Para el Debido Proceso.
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Documento falsificado
La Superintendencia informó al TCE que, tras una fiscalización posterior, encontró que la constancia de trabajo emitida por la Institución Educativa N°6020 Micaela Bastidas a favor de Vilma Jeny Vilca Apaza, una de las personas encargadas de aplicar el examen, era falsa.
Al ser consultada sobre el asunto, la Universidad ESAN informó que, tras el hallazgo del documento adulterado por parte de la SBS, retiró del equipo a la persona involucrada. Además, la universidad formalizó una denuncia ante la 2ª Fiscalía Provincial Penal de San Isidro por el delito de falsificación de documentos contra la fe pública, en contra de la «facilitadora» que presentó el certificado de trabajo cuestionado, es decir, contra Sánchez Vargas.
Siguen las sanciones
ESAN tiene, entre sus antecedentes, tres sanciones administrativas adicionales que, en conjunto, la inhabilitaron para contratar con el Estado durante 18 meses. La primera de estas sanciones fue impuesta el 9 de julio de 2014, cuando la Tercera Sala del TCE la sancionó por un periodo de seis meses.
La resolución del TCE establece que la universidad tenía hasta el 20 de diciembre de 2012 para entregar los documentos requeridos. Sin embargo, lo hizo recién el 4 de enero del año siguiente, es decir, 15 días después de la fecha límite.
A estas sanciones se suma una de 2016, cuando la Cuarta Sala del TCE impuso otros seis meses de inhabilitación para contratar con el Estado a la universidad. La causa fue la firma de un contrato a pesar de estar impedida y la presentación de un documento con información inexacta.
El TCE también confirmó que la universidad presentó una declaración jurada en la que aseguraba no tener impedimentos para contratar con el Estado. Sin embargo, según la resolución, esto constituía un documento con información inexacta.
