El Tribunal Constitucional reafirma que el Poder Judicial tiene la autoridad para supervisar los procedimientos del Congreso.
El Tribunal Constitucional (TC), con una votación de cuatro a tres, ha decidido que los jueces del Poder Judicial están facultados para revisar los actos del Congreso, en particular aquellos relacionados con procesos de acusación constitucional. Esta sentencia refuerza el control judicial sobre las acciones del Parlamento, una conclusión que no ha sido bien recibida por ciertos sectores políticos que controlan el legislativo.
El pronunciamiento se dio en medio de una reforma reciente del Código Procesal Constitucional, impulsada por el Congreso, que reduce la cantidad de votos necesarios en el TC para resolver una demanda competencial de cinco a cuatro. Esta reforma, aprobada el 17 de octubre, busca facilitar el control del Parlamento sobre decisiones judiciales, lo que ha generado preocupación entre especialistas que defienden la independencia de los poderes del Estado.
Conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial
La disputa se originó cuando en abril de este año, el Congreso presentó una demanda competencial en respuesta a una decisión de la Primera Sala Superior Constitucional de Lima, que anuló la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Parlamento argumentaba que el Poder Judicial no tenía facultad para intervenir en un juicio político realizado por el Legislativo, el cual, según ellos, es una prerrogativa exclusiva del Congreso.
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No obstante, el TC determinó que el Poder Judicial sí puede intervenir cuando los derechos fundamentales están en juego, destacando la importancia de contar con un órgano independiente que garantice el respeto de los procedimientos. La presidenta del TC, Luz Pacheco Zerga, enfatizó que solo un poder externo al Congreso puede determinar si este último actuó conforme a derecho en la tutela de los derechos fundamentales.
Votación y desenlace
La discusión dentro del TC se prolongó por dos horas, tiempo durante el cual se presentaron distintas posturas. A pesar de la ponencia inicial favorable al Congreso, la mayoría de magistrados decidió en contra, defendiendo la necesidad de preservar el control judicial. Aunque dos magistrados, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez, apoyaban inicialmente la posición del Congreso, terminaron desconectándose de la sesión antes de emitir su voto final.
Ahora, la presidenta del TC tiene la responsabilidad de continuar con el proceso y redactar la sentencia final, la cual deberá ser firmada por los magistrados que votaron en contra del Congreso. Esta resolución reafirma el rol del Poder Judicial en la defensa de los derechos fundamentales frente a posibles abusos del poder legislativo.
