La defensa legal del expresidente Alejandro Toledo apelará la sentencia de 20 años y seis meses de prisión que le impuso el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica, adelantó su abogado Roberto Su.
El letrado indicó que esperarán la lectura íntegra de la sentencia, programada para este 31 de octubre, para apelar ante una segunda instancia y solicitar arresto domiciliario para el exmandatario por sus problemas de salud.
«Esta es una sentencia de primera instancia, es una sentencia que ha recogido la imputación fiscal (…), ustedes han escuchado, con los errores incluso de tiempos; pero finalmente es la decisión de este colegiado», declaró Su a la prensa.
El abogado estimó que en dos o tres meses, una segunda sala pueda resolver el caso de su defendido por tratarse de un reo en cárcel. «Tiene que ser rápido», sostuvo.
Detalló que en la apelación solicitará arresto domiciliario para su defendido bajo el argumento de su estado de salud. Al respecto, refirió que Toledo Manrique fue tratado de un cáncer en el Perú y los Estados Unidos, además de padecer problemas cardiacos, diabetes; así como depresión y ansiedad.
Su afirmó que en el juicio no se ha demostrado que Toledo Manrique haya intercedido para favorecer a constructoras brasileña en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica y que la sentencia se basa en los testimonios del exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, y del fallecido empresario Josef Maiman.
Advirtió errores de tiempo respecto de las declaraciones de Maiman y Barata; además afirmó que en muchos pasajes la jueza Inés Rojas Contreras, del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, no entendía y no dominaba el texto que leía.
«La fiscalía no ha probado esa intervención de Alejandro Toledo y el colegiado se equivoca cuando ha leído el decálogo del funcionario público y la Constitución. A nadie puedes meter en la cárcel porque incumplió la Constitución, el delito de colusión está previsto en el Código Penal y exige que el funcionario público participe en la contratación, ningún presidente de la república participa en las contrataciones públicas», dijo.
