El 24 de octubre marca un día que no podemos ignorar: el Día Mundial de la lucha contra el Cambio Climático. Ese día no solo fue una oportunidad para reflexionar sobre el planeta que estamos dejando a las futuras generaciones, sino también para pensar en los retos que enfrentamos en la protección de nuestro entorno. Recuerdo que hace algunos años, cuando empecé a involucrarme en la defensa del medio ambiente, la sensación de urgencia era palpable, pero aún quedaba mucho por hacer en términos de normativas y protección jurídica.
En Perú, el cambio climático no era un tema prioritario en las agendas políticas, y las iniciativas para enfrentar esta crisis eran escasas. Sin embargo, la creciente evidencia del impacto del calentamiento global en la Amazonía, en nuestros glaciares, y en las poblaciones más vulnerables, empezó a presionar a los gobiernos para actuar.
Fue en uno de esos días de interminables reuniones sobre legislación ambiental cuando me di cuenta de algo: no estábamos solo discutiendo políticas, estábamos hablando del futuro de millones de peruanos. ¿Cómo garantizar que nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, sean protegidos no solo en el presente, sino para las futuras generaciones? Esa pregunta me sigue persiguiendo.
En los últimos años, hemos sido testigos de importantes avances en la normativa peruana. La Ley Marco sobre Cambio Climático, promulgada en 2018, fue un hito que marcó un antes y un después.
Estableció un marco legal para la adaptación y mitigación del cambio climático, y por primera vez, se creó un sistema nacional para abordar esta crisis de manera articulada entre diversos sectores. Recuerdo con claridad el proceso de debate en el Congreso, donde la urgencia por proteger el medio ambiente se chocaba con intereses económicos que veían estas medidas como un obstáculo.
Fue un reto enorme, y sin embargo, logramos dar un primer paso. La Amazonía, sigue siendo devastada por la deforestación ilegal. Grupos organizados trabajaron para llevar este tipo de casos a los tribunales, pero el sistema legal no está diseñado para lidiar con estas crisis ambientales.
No hay suficientes precedentes, y los vacíos legales son muchos. En ese momento, me di cuenta de que no solo es cuestión de aplicar las leyes, sino de crear nuevas herramientas jurídicas que nos permitan hacer frente a esta crisis de manera efectiva, aunque todavía estamos lejos de ver una gran ola de litigios climáticos, el terreno está preparado.
El reto para los abogados y activistas en el país, incluida yo, es cómo utilizar las herramientas jurídicas existentes para hacer que los responsables rindan cuentas. El desafío más grande, para mí, siempre ha sido conectar la ley con las personas. Porque, al final, este no es solo un debate de cifras o estadísticas, es un problema humano.
Pienso en los defensores ambientales, muchos de ellos líderes indígenas, que arriesgan sus vidas para proteger sus territorios. Perú es uno de los países más peligrosos para ellos, y eso es algo que no podemos ignorar. Aquí es donde el litigio climático cobra una dimensión mucho más personal.
No se trata solo de ganar casos judiciales, se trata de salvar vidas. Cada año que pasa, siento que el tiempo corre en nuestra contra. Pero también veo señales de esperanza. Las nuevas generaciones están más comprometidas que nunca, exigiendo cambios y acciones concretas. Y, aunque el camino es difícil, no estamos solos. Los avances en la legislación son solo el comienzo.
La lucha real está en los tribunales, en las comunidades, en las calles. Y esa lucha, aunque llena de desafíos, no me desalienta. Todo lo contrario, me da fuerzas. El cambio climático ya está aquí, pero también lo están las personas dispuestas a luchar por un mundo más justo y sostenible. Gracias por leerme
(*) Abogada Constitucionalista
