Iván Quispe Palomino, quien fue privado de su libertad el 16 de octubre, sostiene que su detención arbitraria ha afectado gravemente su honor personal y dignidad humana.
El político Iván Quispe Palomino ha presentado una querella por difamación contra Gustavo Adriánzen y Juan José Santiváñez, exigiendo una indemnización de 750,000 soles. La demanda se basa en declaraciones realizadas por los acusados, las cuales, según Quispe, han dañado gravemente su reputación y honor.
En un comunicado oficial, Quispe manifestó que las acusaciones en su contra son infundadas y buscan desestabilizar su imagen pública. «No puedo permitir que se continúe difamando mi nombre sin consecuencias. La justicia debe actuar para frenar este tipo de ataques», afirmó.
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La querella se produce en un contexto político marcado por tensiones y controversias, donde las acusaciones y descalificaciones son comunes. Quispe, quien ha sido una figura relevante en su partido, sostiene que es fundamental defender su integridad ante ataques que considera injustificados.
Por su parte, Adriánzen y Santiváñez han rechazado las acusaciones y se han manifestado dispuestos a defenderse en los tribunales. «Estamos seguros de que las pruebas presentadas demostrarán que nuestras afirmaciones eran legítimas y necesarias», señalaron en una declaración conjunta.
Este caso no solo resalta la creciente polarización en la política peruana, sino que también plantea preguntas sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica en un entorno cada vez más hostil. La resolución de esta querella podría sentar un precedente en el manejo de conflictos legales relacionados con la difamación en el ámbito político.
Quispe ha instado a sus seguidores y a la opinión pública a mantener la calma mientras avanza el proceso judicial, reiterando su compromiso con la transparencia y la defensa de sus derechos. La situación continúa desarrollándose, y se espera que ambas partes presenten sus argumentos en los próximos días ante las autoridades competentes.
