La cacería judicial contra Alan García revelada por el colaborador eficaz Jaime Villanueva se va confirmando cada día. Incluso el abogado de la familia del expresidente Alan García, Erasmo Reyna, denunció la manipulación de información vinculada al caso Odebrecht para implicar falsamente al expresidente.
Reyna señaló que detrás de este cerco judicial existía una coordinación entre los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez y Gustavo Gorriti de IDL, que se vio traducida en una manipulación de una declaración de Marcelo Odebrecht para acusar al exmandatario.
Señala que IDL publicó un informe revelando falsamente que Marcelo Odebrecht en su declaración en Curitiba declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que pagó al expresidente Alan García por las conferencias que dictaba.
“Las mentiras tienen patas cortas, en la transcripción de Marcelo Odebrecht dijo: no sé, eso era una cosa que nosotros hacíamos en un sentido que apoyábamos a las personas cuando salían del poder. Eso ha sido un bombardeo mal informando contra Alan García”, dijo.
Para mayor detalle, en la transcripción oficial de dicho interrogatorio, el fiscal brasileño Orlando Martello consulta a Marcelo Odebrecht: «Con relación a Alan García, ¿en alguno de esos contactos se le solicitó algo en cuanto a una donación, contribución para las campañas?», ante ello el empresario dijo que no. «No, Alan García, él siempre decía que no», respondió.
En tanto, el exsecretario personal de Alan García, Ricardo Pinedo señaló que “nadie en vida sindicó a Alan García que había recibido dinero». Asimismo, recalcó que no existía ninguna prueba contra el exjefe de Estado.
SIN PRUEBAS
Otro de los argumentos usados por los fiscales a lo largo de los años fue el testimonio del exdirectivo de Petroperú, Miguel Atala, quien dijo en mayo de 2019, que Luis Nava, en el 2007, le iba a abrir por encargo de García una cuenta en Andorra, donde ingresa más de un millón de dólares de Odebrecht.
En 2020, el Equipo Lava Jato confirmó que esto fue a nombre de Ammarin Investment INC y de Kleinfeld entre los años 2007 y 2008. Y Atala señalaba que el dinero terminó en entregas en efectivo al exmandatario.
Como ejemplo de la persecución, se debe precisar que a mediados de este año, Atala volvió a repetir los mismos argumentos.
Al respecto, Reyna dijo que “si no ha podido corroborar sus palabras, la Fiscalía debería poner coto a esta colaboración eficaz y pedir su prisión”.
“Lo único que está comprobado son los depósitos en las cuentas de Atala, y la ruta del dinero está comprobada para sus empresas y sus allegados. Un buen fiscal hubiera anulado este procedimiento de colaboración y lo lleva a prisión por mentir al sistema de justicia”, indicó Reyna.
PURO FLORO
De otro lado, José Pérez pasó más de cinco años exigiendo acceso a los celulares de Alan García, aduciendo que ahí se encontraban las pruebas relacionadas con el caso Lava Jato. Sin embargo, en agosto de este año se confirmó que solo se encontraron archivos del entorno personal del expresidente.
El discurso de Pérez, utilizado mediáticamente por la izquierda caviar, buscó vincular al exmandatario con hechos irregulares, pero sufrió un nuevo fracaso.
“Luego del deslacrado de hace algunos días y de haberse extraído parte de la información que se contenía en los dos celulares, hoy lo que se ha podido advertir, como mencionamos, es que ninguna de la información que se pudo advertir presente en estos teléfonos, está vinculado en absoluto a ningún acto ilícito, acto irregular, menos aún a la empresa Odebrecht”, dijo Reyna a RPP.
El abogado confirmó que el fiscal José Domingo Pérez pudo recabar información pero aseguró que se tratan de datos de carácter personal e íntimo, así como documentos políticos y “contactos que son básicamente de la familia, amigos y partidarios” del fallecido expresidente.
PERSECUCIÓN
Cabe indicar que tras la orden de impedimento de salida del país a raíz de lo revelado falsamente por IDL, el 17 de noviembre de 2018 el expresidente García denunció ser víctima de un «clima de persecución política» impulsado por el entonces expresidente Martín Vizcarra.
En una carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, rechazó las acusaciones de corrupción en su contra vinculados a la empresa brasileña Odebrecht.
«Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución (…) En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones», denunció García.
García apuntó que desde que asumió Vizcarra tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski el pasado mes de marzo, «un nuevo tipo de política se ha instaurado» en el país, que se basa en «la confrontación y el arrinconamiento de los otros poderes» del Estado.
Asimismo, apuntó que el conflicto entre Vizcarra y el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acusado de formar parte de una organización criminal que vendía favores en el seno del Poder Judicial peruano, solo tiene el propósito «de destituirlo y entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno».
