Dina Boluarte desistió de ir al Congreso para ser consultada por el casi “Cofre presidencial”, que presuntamente ayudó a Vladimir Cerrón en su fuga.
La presidenta Dina Boluarte ha anunciado que no se presentará a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, programada para el martes 29 de octubre a las 9:00 a.m., en la que debía responder sobre el presunto uso del vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia.
En su lugar, Boluarte ha solicitado que se le envíen las preguntas por escrito para responderlas a distancia, reafirmando su voluntad de colaborar en la investigación.
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Esta decisión fue informada a través de un oficio enviado por Enrique Vílchez, secretario general del Despacho Presidencial, al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos. En el documento, Vílchez explicó que el cargo presidencial no gestiona directamente los recursos logísticos y de transporte de la institución, ya que estos son responsabilidad de los sistemas administrativos de la entidad.
Boluarte también señaló que, aunque no podrá asistir, está dispuesta a “brindar toda la información requerida” y solicitó que le remitan el cuestionario con las preguntas de los congresistas.
Citación de la Comisión de Fiscalización y Votación en el Congreso
La citación a la presidenta fue aprobada por la Comisión de Fiscalización el pasado 18 de octubre, en una votación que resultó con siete votos a favor y cinco en contra. Los votos de respaldo provinieron de congresistas de diversas bancadas, como Podemos, Perú Libre, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y Renovación Popular. En contraste, los votos en contra correspondieron a parlamentarios de Fuerza Popular y del Bloque Magisterial.
La Controversia del «Cofre Presidencial»
La polémica en torno al caso conocido como el «Cofre Presidencial» ha captado la atención del Congreso y de la opinión pública. La investigación examina si el vehículo presidencial fue empleado para facilitar la fuga de Cerrón, quien habría sido trasladado el pasado 24 de febrero desde el distrito de Asia, al sur de Lima, mientras enfrentaba múltiples procesos judiciales.
La Comisión de Fiscalización busca esclarecer si hubo un uso indebido de los recursos asignados a la Presidencia y determinar los procedimientos de administración del vehículo presidencial. Además, los legisladores intentan establecer si algún alto funcionario facilitó la salida de Cerrón, lo que podría desencadenar implicaciones políticas y legales.
