La ONU denunció que las esterilizaciones forzadas promovidas por el gobierno de Alberto Fujimori constituyeron violencia de género y discriminación contra mujeres indígenas y de bajos recursos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado en el que denuncia que el programa de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori violó los derechos de muchas mujeres peruanas. Según la ONU, la medida fue una “forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional”. Según ellos esto afectó especialmente a mujeres indígenas, rurales y de bajos recursos.
El Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU destacó que la política de esterilización forzada ejecutada en la década de 1990 en Perú “constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional”. Esta acción, subraya la ONU, tuvo como blanco principal a mujeres de comunidades rurales e indígenas que enfrentaban condiciones de vulnerabilidad económica.
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Decisión de la CEDAW ante las denuncias de víctimas
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dio su veredicto luego de recibir denuncias de cinco víctimas. Estas habrían sido sometidas a esterilizaciones forzadas entre 1996 y 1997. Leticia Bonifaz, miembro del comité, explicó que “las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño” para llevarlas a realizar estos procedimientos en clínicas sin condiciones adecuadas.
Bonifaz agregó que “los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas”, y señaló que muchas afectadas, especialmente de zonas rurales, desconocían el español o no sabían leer, lo cual obstaculizó aún más su comprensión sobre la intervención a la que fueron algunas veces.
Obstáculos para acceder a la justicia y posibles crímenes de lesa humanidad
El Comité de la ONU resalta las barreras que enfrentan las mujeres indígenas y rurales para acceder a la justicia, dado que la lejanía de sus comunidades y el analfabetismo dificultan su defensa. Además, el organismo enfatizó que las esterilizaciones forzadas podrían constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
A pesar de que el gobierno peruano argumentó que el programa de esterilización también incluía a hombres, el informe del Comité señala que las cifras reflejan otra realidad: “más de 300,000 mujeres, en su mayoría indígenas y rurales, fueron esterilizadas a la fuerza, en comparación con aproximadamente 25.000 hombres”.
Recomendaciones para el Estado peruano
El Comité recomendó que el Estado peruano debe compensar económicamente a las víctimas y sus familias, incluyendo atención psicológica para ayudar a quienes sufrieron daños físicos y mentales. Según el comunicado, la ONU concluyó que “Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas de las esterilizaciones forzadas”.
