Concesionaria reafirma cumplimiento de contrato y garantiza continuidad de operaciones tras solicitud preventiva de suspensión.
A pesar de la solicitud realizada por la Fiscalía al Poder Judicial para suspender el cobro de peajes de la concesionaria Lima Expresa, la empresa informó que continuará operando y cobrando las tarifas correspondientes en las vías bajo su administración. En un comunicado oficial, Lima Expresa resaltó que sus operaciones se rigen por un contrato de concesión válido y vigente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, asegurando que el pedido de la Fiscalía no afecta la legalidad de su concesión.
El pedido de la Fiscalía responde a una acción preventiva en el marco de una investigación vinculada a presuntas irregularidades en la concesión de la denominada “Línea Amarilla”, que incluye importantes vías de conexión en la capital. Sin embargo, Lima Expresa subrayó que esta solicitud no constituye una sentencia judicial, sino una medida cautelar mientras se desarrolla la investigación. En este sentido, la concesionaria enfatizó que mantendrá sus operaciones y el cobro de peajes hasta que exista un fallo definitivo por parte del Poder Judicial.
La solicitud también incluye una propuesta para que la administración de los bienes de la concesión pase a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Empresa Municipal Administradora de Peajes (Emape). Esta medida busca que el municipio tome control temporal de la gestión, en tanto se esclarecen las implicancias de los acuerdos suscritos en periodos de administración anteriores, incluyendo la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta investigaciones en relación con este proyecto.
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Lima Expresa reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el proceso judicial, y aseguró que seguirá operando conforme a la normativa vigente. Además, exhortó a que las decisiones judiciales respeten las garantías constitucionales para preservar la seguridad jurídica, lo que considera esencial para generar un ambiente de confianza en la inversión privada.
Con este pronunciamiento, la empresa busca tranquilizar a los usuarios y fortalecer la imagen de cumplimiento contractual, en medio de un proceso que ha reabierto el debate sobre la transparencia en las concesiones viales de la capital.
