El Ministerio de Vivienda implementa medidas urgentes para asegurar el suministro de agua potable en cuatro distritos piuranos.
En respuesta a la crisis hídrica que golpea la región de Piura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha puesto en marcha la instalación de motobombas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy, con el objetivo de mejorar el suministro de agua en distritos gravemente afectados. Estas acciones buscan contrarrestar los efectos del déficit hídrico que ha llevado a una disminución en las reservas de agua en la zona.
Como parte de este operativo, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), adscrito al MVCS, ha construido diques adicionales y dado mantenimiento a los equipos de la PTAP, fortaleciendo la infraestructura necesaria para la distribución de agua. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) está resguardando los 2 kilómetros del canal Daniel Escobar para asegurar el flujo de agua cruda hacia Curumuy, donde será tratada y distribuida a la población.
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, informó que la planta ha logrado restablecer su operación al 100% de su capacidad instalada, alcanzando una producción de 600 litros de agua por segundo. Esto ha permitido presurizar los sistemas de distribución que abastecen a los reservorios de los distritos más afectados, lo que garantiza que el agua potable llegará de forma paulatina a la población en las próximas horas.
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Distribución de agua y apoyo a zonas vulnerables
Según información de la OTASS, se estima que el abastecimiento llegará gradualmente a partir del 1 de noviembre, beneficiando a más de 130 mil personas. Asimismo, el MVCS ha dispuesto diecisiete camiones cisterna que continuarán con la distribución gratuita de agua en hospitales, albergues y áreas vulnerables, asegurando que las familias y entidades más necesitadas cuenten con el recurso básico.
Inconformidades y movilizaciones en puerta
La problemática de escasez de agua en Piura ha generado tensiones sociales, especialmente tras la declaración de emergencia hídrica que abarca 34 distritos en siete provincias, pero que dejó fuera a Castilla, Sechura, Catacaos y Talara. Esta exclusión ha causado malestar entre los líderes comunales y residentes de estos distritos, quienes exigen que el gobierno tome acciones más inclusivas y efectivas.
Wilder Farfán Tarque, representante del Comité Sectorial de Agua y Alcantarillado de Castilla, expresó su preocupación y aseguró que las autoridades locales están evaluando sumarse a las protestas programadas para mediados de noviembre, coincidiendo con la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Los líderes demandan que el Ejecutivo implemente medidas urgentes para asegurar el suministro de agua y mejore la infraestructura hidráulica de la región.
La crisis hídrica no solo está impactando la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también está afectando la agricultura y la economía local, con una reducción significativa en la producción de alimentos que perjudica tanto a los agricultores como al comercio regional. En respuesta, el ministro Whittembury anunció una inversión de hasta 15 millones de soles destinada a la reactivación de pozos y la contratación de personal y cisternas adicionales para enfrentar la emergencia.
