Una reciente queja de personas con discapacidad, al haberse suspendido la ejecución del programa “Emprende y Despega”, nos recuerda la famosa frase de Cervantes en el sentido que “pagan justos por pecadores”, es decir, por actos ú omisiones que pueden ser dolosas, no se perjudican los responsables, sino los justos, esto es terceras personas.
El Estado, teniendo muy en claro su obligación de velar por las personas con discapacidad, a las que también se denominan “personas con capacidades diferentes, expidió la Ley N° 29973, denominada “Ley General de la Persona con Discapacidad”, la que fue complementada por el Decreto Legislativo 1562 en mayo del año 2023.
La persona discapacitada según la normatividad vigente, “es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras…. no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad”
Para atender a las personas con discapacidad fue creado el “Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad” (CONADIS), quien actúa como “núcleo ejecutor”, creándose el programa “Emprenda y Despega” con la finalidad de facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo económico y social a las personas con discapacidad, ello a través del fomento del emprendimiento y la generación de empleo.
Para que el programa “Emprenda y Despega” fuese coronado con el éxito y cumpliese sus objetivos, tenía que prestar apoyo técnico y capacitación a los beneficiarios, así como la distribución de insumos, equipos y herramientas requeridos para sus emprendimientos, a la vez que apoyo para la participación en ferias y eventos comerciales.
El programa en cuestión tenía que ejecutarse entre el año 2023 y continuar en el 2024 y en el 2025, pero debido a algunas deficiencias que fueron denunciadas, se suspendió la ejecución del programa en el presente año, pretendiéndose reiniciarlo el próximo año.
Quienes son responsables del mal uso de los recursos del programa, son los causantes de la indebida suspensión del mismo en el presente año, lo que perjudica a los emprendimientos de personas discapacitadas que ya se habían iniciado y no pueden concluir, por lo que con toda razón sienten que los justos pagan por los pecadores.
La lógica nos dice que si hay algunos cuestionamientos en las acciones del CONADIS relacionadas con el programa “Emprende y Despega”, la suspensión del programa debería ser únicamente para las personas cuestionadas más no para todos los beneficiarios, cuyos emprendimientos en que ya hay inversión, no podrían concluir, lo que no solamente perjudicará al CONADIS y al programa, sino también a quienes confiaron en él.
El órgano de control del CONADIS debe actuar para establecer responsabilidades, lo que también podría investigar la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero en simultáneo e inmediatamente el CONADIS debe levantar la suspensión del programa respecto de sus beneficiarios que no tienen cuestionamientos y, que no deben ser perjudicados por actos u omisiones que les son ajenas.
