En general, el Estado Peruano, a través de nuestra Cancillería, es muy prolijo y profesional en la negociación y suscripción de tratados internacionales, sean ellos de competencia del Poder Ejecutivo o requieran de la aprobación parlamentaria.
Sin embargo, en lo que se refiere a simples declaraciones, que no tienen el carácter de tratados y se supone no son vinculantes, lamentablemente con el tiempo, muchas veces se pretende que ellas tengan carácter obligatorio.
Estamos acostumbrados a leer declaraciones de Naciones Unidas (ONU), aprobadas en sus Asambleas, al igual que de los organismos que forman parte de ella, como también en la Organización de Estados Americanos (OEA), sin olvidar las recomendaciones, resoluciones y hasta sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana del mismo nombre, según sean los casos. Se cree que no nos obligan, pero con el correr del tiempo nos las enrostrarán.
Se pretende incluso que nuestra normatividad legal, como también sentencias de nuestros tribunales, pasen por lo que se ha dado por denominar “control de convencionalidad”, esto es si son afines y no colisionan con las decisiones de dichos organismos, así hayan sido expedidos en casos en que el Perú no tiene arte ni parte.
Por ejemplo, la Agenda al 2030 de las Naciones Unidas, con ampliaciones luego determinadas al 2045, contiene objetivos y diversas metas, que si bien parecen inocentes, no dejan de tener su veneno, ajeno a nuestra ideología, costumbres y conservadurismo humano. Ejemplo de ello en temas como el cuestionable enfoque de género, matrimonios fuera de lo natural, y respecto a la vida no podemos olvidar el supuesto derecho de la madre a privar la vida al hijo por nacer.
Hemos dejado alegremente que las sentencias de la Corte Suprema, ya no sean supremas, pues si algo tienen que ver con derechos humanos, podrían llegar a la Comisión y Corte Interamericana, al igual que las sentencias sobre materia de tales derechos que expida nuestro Tribunal Constitucional.
Avanzando de a pocos, con declaraciones supuestamente inocuas, inodoras e irrelevantes, van poniendo y fijando rutas que luego se convierten en obligatorias y por ello atentatorias contra nuestra soberanía.
Nuestros funcionarios diplomáticos están advertidos, tales declaraciones de inocentes no tienen nada. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos para que con el correr del tiempo no nos encontremos entrampados y con pretensiones internacionales ajenas a nuestros principios y normativa.
En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pasa algo similar, aunque en esto hay responsabilidad de los delegados de los gremios profesionales, que lejos de asistir a las sesiones y asambleas donde se discuten y sancionan las convenciones, simplemente van a vacacionar. Se requiere ser muy responsables cuando se aceptan representaciones nacionales ante organismos internacionales. Como ejemplo recuerden lo de la licencia social para explorar y explotar recursos naturales.
A ver si lo entienden nuestros diplomáticos, tienen que estar con los ojos muy abiertos y a tiempo. Mañana puede ser tarde.
