Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las exportaciones peruanas de valor agregado, con 5.000 millones de dólares, China se ha consolidado como su principal socio comercial, con inversiones que alcanzan los 38.800 millones de dólares entre 2001 y 2023, enfocados principalmente en minería, pesca, energía, finanzas, petróleo, gas y puertos.
Recientemente, Zijin Mining, una de las principales productoras de oro y cobre de ese país, obtuvo permisos para operar la mina aurífera La Arena, con una inversión de 245 millones de dólares. Según un informe difundido por Hildebrandt en sus trece, el régimen ha manifestado interés en financiar dos importantes proyectos en Perú: el tren de cercanías que conectaría Lima con Ica, y el corredor ferroviario bioceánico central, también conocido como el tren bioceánico.
Este último proyecto pretende unir Brasil y Bolivia desde el megapuerto de Chancay, con una ruta total de 3.755 kilómetros que atravesaría el territorio peruano. China también ha solicitado autorización para establecer Zonas Económicas Especiales (ZEE) en áreas específicas del país, como Chancay y Ancón, con el objetivo de impulsar la inversión privada mediante normativas tributarias y aduaneras flexibles.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha manifestado resistencia al avance de estas inversiones, lo que ha generado tensiones en el gabinete ministerial de Dina Boluarte, de acuerdo con el semanario. Más de 200 empresas chinas operan en el país con inversiones que alcanzan los 31 mil millones de dólares. La minería es uno de los sectores más dominados, con empresas como MMG Las Bambas, Chinalco y Shougang liderando la producción de cobre y hierro.
En el sector energético, el régimen controla casi la mitad de los activos eléctricos del Perú tras adquisiciones importantes como la de Luz del Sur por Yangtze Power y Enel por China Southern Power Grid. Además, el sector financiero también refleja su presencia a través del Bank of China.
La infraestructura estatal ha sido otro campo de expansión para empresas chinas como China Railway Engineering y China Gezhouba Group, que han ganado licitaciones significativas en años recientes. Esta influencia se extiende a los puertos, con importantes inversiones previstas en el Chancay, que podría superar al Callao en importancia.
La reciente inauguración del megapuerto de Chancay ha suscitado preocupaciones sobre la soberanía nacional y la capacidad del gobierno peruano para regular y supervisar adecuadamente estas inversiones. Un aspecto controvertido es la categorización del puerto como de uso público, lo que implicaría su disponibilidad para cualquier empresa que desee transportar carga mediante el pago correspondiente.
No obstante, Cosco Shipping rechaza esta denominación y se niega a someterse a la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), entidad encargada de regular la infraestructura de transporte en el Perú. La empresa ha presentado una acción de amparo alegando la vulneración de su derecho a la propiedad y a la libertad de empresa. Además, se han señalado irregularidades en la expansión del proyecto, como la cesión de un área marítima destinada a la defensa nacional, la aprobación de obras sin estudios de impacto ambiental y la venta de terrenos públicos a precios irrisorios.
Estas situaciones reflejan una tendencia preocupante que muchos expertos han alertado: la expansión de inversiones chinas en el Perú sin una supervisión gubernamental efectiva. La falta de regulación y control podría comprometer la soberanía nacional y generar dependencia económica. “El Estado peruano debe defender sus fueros ante otros países y es el responsable de controlar las irregularidades de cualquier empresa extranjera”, dijo el internacionalista Farid Kahhat.
El creciente control de empresas chinas sobre infraestructura clave en Perú ha encendido alarmas a nivel nacional e internacional. Según un informe de The Financial Times, el gobierno peruano no estaría evaluando a fondo las implicancias estratégicas de permitir una mayor injerencia del régimen de Pekín en sectores esenciales para el desarrollo del país.
Además del puerto de Chancay, en los últimos años, China ha tomado el control en el sector energético peruano, con la adquisición en 2023, de los activos de la italiana Enel por parte de China Southern Power Grid Co. (CSGI). Este movimiento provocó inquietudes en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que señaló posibles riesgos para la competencia en el sector.
