Desconfianza hacia la mandataria y críticas al Reinfo marcan la agenda nacional.
Una reciente encuesta de Ipsos, revela un panorama crítico para el gobierno de Dina Boluarte. Según los datos, el 85% de los peruanos cree que la presidenta intervendrá para proteger a su hermano Nicanor Boluarte, actualmente prófugo de la justicia y con una orden de prisión preventiva de 36 meses por el caso Waykis en la Sombra. Este proceso incluye acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
En contraste, solo el 9% de los encuestados confía en que la mandataria se mantendrá al margen de las investigaciones. Este resultado refleja un profundo escepticismo hacia su administración, alimentado por precedentes como el caso del exgobernador Vladimir Cerrón, quien permaneció prófugo durante meses.
Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, sostiene que estos números confirman la baja credibilidad de Boluarte: «Es un reflejo del desprestigio del gobierno y la percepción de ineficiencia. Para revertir esta imagen necesitaría acciones contundentes, como la captura de Cerrón o Nicanor Boluarte, pero parece improbable».
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El Reinfo bajo la lupa
La encuesta también aborda la percepción sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Un 74% de quienes están familiarizados con este sistema cree que debe ser eliminado y reemplazado por uno más efectivo en la promoción de la formalización minera. Este registro ha sido señalado como un facilitador de actividades ilegales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), criticó duramente al Reinfo, calificándolo como «un instrumento que blinda a la minería ilegal». Según Gálvez, este mecanismo dificulta la acción de la policía y los fiscales, quienes se ven limitados por las disposiciones legales que exoneran a los mineros inscritos de responsabilidades penales.
Por otro lado, el analista político Iván Arenas afirmó que el Congreso evita debatir la ampliación del Reinfo debido a intereses políticos vinculados a grupos informales. «Es evidente que algunos legisladores responden a sectores ilegales», añadió.
Mientras tanto, la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, impulsada por Fuerza Popular, agrava el escenario. Este movimiento busca responsabilizarlo por la falta de control en la minería ilegal y su gestión considerada ineficiente, destacando la necesidad de una estrategia estatal integral.
La crisis de credibilidad en el gobierno y las críticas al Reinfo subrayan los retos pendientes en la lucha contra la corrupción y la minería informal.
