Protestas afectan comercio y turismo en varias regiones del Perú, mientras los mineros rechazan nueva normativa.
El plazo para culminar el proceso de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre, tras haber sido extendido en reiteradas ocasiones. Sin embargo, miles de mineros informales exigen otra prórroga y rechazan la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), propuesta por el Ejecutivo, que consideran perjudicial para su actividad.
Para presionar por sus demandas, los mineros han iniciado bloqueos en importantes vías del país, afectando la Panamericana Sur y otras rutas principales en regiones como Ica, Arequipa, La Libertad, Apurímac, Ayacucho y Amazonas.
Impacto nacional de las protestas
En los últimos días, al menos 2,000 manifestantes han ocupado puntos estratégicos quemando llantas y bloqueando carreteras, generando un grave impacto en el transporte y las actividades económicas. La Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutrán) ha identificado varios puntos críticos en Ica y Arequipa, mientras que la carretera Interoceánica, que conecta Nazca, Puquio y Abancay, también se encuentra interrumpida.
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El turismo es uno de los sectores más afectados. En Nazca, los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca se suspendieron debido a la falta de suministros, mientras que viajeros nacionales e internacionales quedaron varados. Además, las empresas de transporte interprovincial cancelaron sus operaciones, perjudicando a cientos de pasajeros.
En Amazonas, los manifestantes cerraron temporalmente una ruta que conecta Bagua Chica con Saramiriza, permitiendo únicamente el paso de vehículos de emergencia, como ambulancias.
Protestas frente al Congreso
En paralelo, un grupo de mineros artesanales se mantiene en los exteriores del Congreso, ocupando un carril de la avenida Abancay. Han advertido que, de no aprobarse una nueva extensión del Reinfo, convocarán un paro de alcance nacional.
Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales, aunque la tensión en las zonas afectadas sigue aumentando.
La incertidumbre sobre el futuro de la formalización minera y las exigencias de este sector evidencian los desafíos que enfrenta el Estado para regular la actividad extractiva sin afectar los derechos y medios de vida de miles de peruanos.
