El 2% de los mineros inscritos logró formalizarse, mientras crecen los reclamos por mejoras estructurales en el sector.
Tras 17 años de implementación, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) enfrenta serias críticas por su bajo impacto en la regularización de la minería informal en Perú. Según cifras recientes, apenas el 2.4% de los mineros inscritos logró completar el proceso, dejando al descubierto las profundas deficiencias del sistema.
El REINFO se creó en 2006 como un programa temporal para facilitar la transición de mineros informales hacia la legalidad. Sin embargo, la falta de claridad en los procedimientos, las extensiones constantes de su plazo inicial y la ausencia de un enfoque integral han hecho que, en la práctica, este registro sea un salvoconducto para actividades que bordean la ilegalidad.
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto de esta informalidad en las comunidades locales y en el medio ambiente. La minería no formalizada ha sido vinculada con la deforestación, la contaminación de ríos y el desplazamiento de poblaciones indígenas en regiones amazónicas. A pesar de estas consecuencias, el Congreso de la República evalúa extender la vigencia del REINFO hasta 2026, una decisión que ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y comunidades afectadas.
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Líderes indígenas y especialistas exigen al Gobierno un cambio de rumbo. Proponen que en lugar de continuar ampliando los plazos, se implemente un programa más eficaz, con mayor supervisión, incentivos claros para la formalización y sanciones para quienes no cumplan con las normativas. También urgen medidas que protejan a los pequeños mineros, diferenciándolos de las grandes operaciones ilegales.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. Aunque el objetivo inicial del REINFO era apoyar a pequeños mineros en su transición a la legalidad, sus limitaciones han perpetuado un problema que afecta no solo a la economía, sino también a la sostenibilidad de los recursos naturales y los derechos de las comunidades más vulnerables del país.
Para muchos, este fracaso debe ser un punto de inflexión hacia una política minera más responsable y equitativa, capaz de enfrentar los desafíos actuales con soluciones reales y sostenibles
