La nueva normativa busca agilizar el acceso al grado académico, pero deja fuera a instituciones sin licenciamiento, afectando a miles de estudiantes.
La Comisión de Educación del Congreso de la República ha dado luz verde a un predictamen que plantea el bachillerato automático permanente para estudiantes de universidades públicas y privadas. Esta medida, que elimina la obligatoriedad de presentar un trabajo de investigación para obtener el grado, pretende facilitar la inserción laboral de los egresados. No obstante, su alcance se restringe a instituciones que cuenten con el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), dejando fuera a universidades que no han alcanzado los estándares requeridos.
La propuesta, que combina siete proyectos de ley, establece que en lugar del trabajo de investigación, los egresados deberán demostrar el dominio de una lengua nativa. Sin embargo, la normativa excluye a aquellas universidades que no poseen licenciamiento o que aún están en proceso de adecuación, perjudicando a estudiantes de estas instituciones y generando cuestionamientos sobre las desigualdades que esto podría acentuar en el sistema educativo.
Universidades no licenciadas, una barrera al bachillerato
Según datos recientes, hay al menos 46 universidades que no cuentan con licenciamiento otorgado por la Sunedu. Entre ellas se encuentran:
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Universidad Científica del Perú
Universidad José Carlos Mariátegui
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Universidad Autónoma San Francisco
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
Universidad Privada San Carlos
Universidad Seminario Evangélico de Lima
Universidad Latinoamericana CIMA
Universidad Politécnica Amazónica
Universidad Privada Líder Peruana
Universidad Peruana Las Américas
Universidad Santo Domingo de Guzmán
Universidad Alas Peruanas
Universidad Privada Leonardo Da Vinci
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Universidad Peruana de Ciencias e Informática
Universidad Peruana Santo Tomás de Aquino de Ciencia e Integración
Universidad San Pedro
Universidad Seminario Bíblico Andino
Escuela Internacional de Posgrado S.A.C.
Universidad Privada Juan Mejía Baca
Universidad Privada Autónoma del Sur
Universidad Peruana Austral del Cusco
Escuela de Postgrado San Francisco Xavier
Universidad Ciencias de la Salud
Universidad Privada SISE
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Peruana de Oriente
Universidad Global del Cusco
Universidad Privada Juan Pablo II
Universidad Privada de la Selva Peruana
Universidad de Ayacucho Federico Froebel
Universidad Privada de Ica
Universidad Privada de Pucallpa
Universidad Particular de Chiclayo
Universidad San Andrés
Universidad Privada Arzobispo Loayza
Universidad Privada Telesup
Universidad Privada Sergio Bernales
Universidad Peruana Simón Bolívar
Universidad Marítima del Perú
Universidad de Lambayeque
Universidad Peruana de Investigación y Negocios
Universidad Peruana de Integración Global S.A.C.
Universidad Peruana de Arte Orval S.A.C.
Este grupo de instituciones, pese a tener un plazo hasta diciembre de 2024 para adecuarse a los estándares de la Sunedu, no podrán ofrecer a sus estudiantes el beneficio del bachillerato automático si no cumplen con el proceso de licenciamiento.
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La lista completa incluye tanto universidades con amplia trayectoria como otras de menor reconocimiento, evidenciando la magnitud del impacto en miles de estudiantes que podrían quedar rezagados.
Debate en el Pleno
La propuesta será ahora debatida en el Pleno del Congreso, donde se espera que las voces a favor y en contra de la medida analicen sus implicancias. Mientras que los promotores del proyecto argumentan que el bachillerato automático agilizará el tránsito al mercado laboral, expertos en educación han señalado que la exclusión de universidades no licenciadas podría perpetuar desigualdades, dejando en desventaja a estudiantes de instituciones que aún no logran cumplir con los estándares requeridos.
Con este contexto, la aprobación final del predictamen será clave para determinar si la simplificación del proceso de bachillerato beneficia realmente a todos los estudiantes o si amplía las brechas dentro del sistema educativo.