El Estado Peruano, de acuerdo a la Constitución de 1993 es democrático, social, independiente y soberano. Además, establece que es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de poderes.
El Estado peruano orienta el desarrollo económico del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, contrariamente a lo que señalaba la Constitución de 1979, que era el Estado quien formulaba la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores y la planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio.
La Constitución de 1993 nos ha permitido tener más de treinta años de crecimiento y disminución de la pobreza, sin embargo luego de un proceso de descentralización y regionalización fallidos tenemos un Estado demasiado elefantiásico, lleno de burócratas en los gobiernos nacional, regional y local. Además, han proliferado los ministerios, que sólo sirven para disponer regulaciones, que ponen trabas a la inversión privada que es la principal generadora de puestos de empleo y motor de la economía nacional. No obstante, aprovechamos para añadir que si bien es cierto se disminuyó la pobreza, la desigualdad social continúa y es más dura con los más pobres del país. Debemos tener en cuenta que la desigualdad social requiere de un trabajo muy planificado y de largo aliento.
Cuando hablamos de desigualdad social tenemos que referirnos a la educación, salud e infraestructura que significa una desigualdad de oportunidades.
En el tema de la educación, además de no contar con la infraestructura adecuada, cuyo déficit es inmenso, igual de grande y más importante es la falta de profesores capacitados a lo largo del territorio nacional, en todas las etapas del aprendizaje. Este es el principal reto que debemos afrontar todos los peruanos en los próximos 50 años y que de no enfrentarlo no tendremos ninguna posibilidad de ser un país desarrollado.
En la salud, del mismo modo, no sólo nos faltan hospitales sino también personal de médicos tecnólogos, enfermeros y ni que hablar de medicinas en calidad y cantidad. Cabe resaltar la anemia y la desnutrición de nuestros niños a lo largo del país, cuya atención debería ser prioritaria.
En lo relacionado a la infraestructura de soporte como carreteras, puertos y aeropuertos hay una gran brecha por cubrir, pero también, destinando los fondos necesarios, una gran oportunidad de generar empleo y reactivar la economía nacional.
Cualquier gobernante que asuma la responsabilidad del 2026 deberá tener prioridad en disminuir la desigualdad social y, a la par, combatir la pobreza. Para ello, necesitamos gestores probos con visión de estadistas y con gran capacidad de decisión.
Finalmente, para llevar a cabo estas tareas, necesariamente, se debe hacer una reforma profunda y sostenida del Estado por lo menos en los próximos treinta años.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
