El Congreso no consiguió los 87 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional que apunta a impedir que Antauro Humala y otros sentenciados sean candidatos en las elecciones generales del 2026.
Solo 64 parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. No fue suficiente para que esta ley consiga los dos tercios a su favor en el hemiciclo.
Por otro lado, Perú Libre de Vladimir Cerrón, Cambio Democrático, el Bloque Democrático y la Bancada socialista votaron en contra.
El proyecto maquinado desde la Comisión de Constitución del Congreso, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, plantea que los sentenciados por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, estén impedidos de postular hasta 10 años después de haber cumplido sus condenas.
Sin embargo, el texto sustitutorio no incluyó otros delitos como corrupción y lavado de activos.
La norma apuntaba bloquear la candidatura del líder etnocacerista Antauro Humala, quien salió en libertad en 2022 luego de haber cumplido su condena por el «Andahuaylazo».
Dicha reforma constitucional viene siendo discutida desde hace un año. La controversia radica en los delitos incluidos y excluidos. En junio, el dictamen de la Comisión de Constitución no tomó en cuenta a los sentenciados por violaciones de derechos humanos, como lo fue el exdictador Alberto Fujimori, y tampoco otros como corrupción y lavado de activos.
A fines de octubre, a través de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Perú, se declaró ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada al etnocacerista Antauro Humala. Esta información fue difundida por el Poder Judicial en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).
Esta decisión se tomó tras una demanda presentada por la Fiscalía de la Nación, que argumentaba que la organización promovía actividades antidemocráticas y atentados contra la integridad de las personas.
El tribunal dictó la disolución del partido y la anulación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, se ordenó el cierre de sus sedes partidarias y se prohibió su reinscripción en la organización. Sin embargo, esta medida fue apelada y está pendiente de resolver, pero el líder etnocacerista está confiado de que no se confirmará esa decisión y postulará en el 2026.
