No necesitaría que el congreso intervenga
La presidenta de la República, Dina Boluarte, se mostró a favor de debatir la restauración de la pena de muerte en el Perú, en respuesta al incremento de casos de violencia y crímenes graves.
La mandataria insistió en que se discuta, sin transparentar que, de acuerdo a un informe de la Cancillería, es ella quien tiene la facultad exclusiva de iniciar los procedimientos necesarios para materializar esta propuesta.
Dado que el tema no es nuevo, anteriormente la congresista Martha Moyano, en su condición como entonces presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, solicitó la opinión sobre un proyecto de ley referido a la salida del Pacto San José, pese a que ya habían pronunciado su opinión el 4 de agosto del 2023.
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La conclusión, dada por el embajador Roberto Rafael Max Rodríguez Arnillas, director general de asuntos multilaterales y globales, fue la siguiente: “De acuerdo con el ordenamiento constitucional del Estado peruano, le corresponde al presidente, en virtud de su competencia legal y funciones ejecutivas, evaluar la decisión de denunciar un tratado a través de un análisis de la situación política internacional.
Tal como menciona el mismo documento, basado en la legislación nacional, el procedimiento que se sigue para la denuncia de un tratado es similar al procedimiento constitucional de perfeccionamiento interno de un tratado. En tal sentido, “conforme a lo señalado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (artículo 7.2.a)), el principio jus representationis omnimodae, el artículo 57 de la Constitución Política y el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley N.° 26647, la potestad de denunciar un tratado recae en el presidente de la República y para su trámite se requiere las opiniones favorables de todos los sectores competentes que cuenten con competencias sobre las materias que versa el tratado”.
