La resolución del Tribunal Constitucional que favoreció a Rivero Lazo allana el camino para la excarcelación del ex asesor presidencial, quien cumplirá sus condenas acumuladas en la fecha indicada.
El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado una sentencia que impacta directamente en la situación penitenciaria de Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor del régimen de Alberto Fujimori y figura clave en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El fallo, que favoreció inicialmente a Juan Rivero Lazo, establece un precedente jurídico que unifica todas las condenas en la pena mayor de 25 años, lo que permitirá que Montesinos abandone la prisión en junio de 2026.
Este pronunciamiento surge en el contexto del caso «Gómez Palomino», relacionado con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Previamente, el Poder Judicial había rechazado la acumulación de penas, lo que habría extendido la condena de Montesinos hasta 2031. Sin embargo, el TC determinó que la normativa vigente durante los delitos —ocurridos entre 1991 y 1992— permitía la refundición de penas, lo que ahora abre las puertas a su libertad anticipada.
Impacto del fallo y contexto político
La decisión no solo implica la excarcelación de Montesinos, sino que también sienta una base legal aplicable a otros casos vinculados al Grupo Colina, un escuadrón militar responsable de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Este fallo coincide con un momento clave para el país, ya que su liberación se producirá en medio del proceso electoral nacional de 2026.
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Además, Montesinos, quien cumple su sentencia en la Base Naval del Callao, podrá acogerse a la Ley 31181 tras cumplir 80 años en mayo de 2025. Esta norma establece que personas mayores de 80 años pueden cumplir su condena bajo arresto domiciliario, siempre que cumplan con ciertas condiciones impuestas por el juez.
Un debate sobre la justicia y la memoria
El fallo del TC ha generado controversia en distintos sectores. Mientras algunos lo ven como un acto de justicia basado en el marco legal vigente al momento de los delitos, otros lo consideran un retroceso en la lucha contra la impunidad. Especialistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de esta resolución en la percepción de la justicia y en la memoria histórica del país.
Con esta decisión, el TC no solo marca el destino de Montesinos, sino que también reabre el debate sobre el manejo jurídico de crímenes de lesa humanidad y el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas.
