El nombre de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, vuelve a estar en el ojo público, esta vez por una nueva investigación del Ministerio Público.
El exfuncionario, conocido tras la polémica muerte de Andre Vidal en diciembre de 2024, enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta red de prostitución en el Palacio Legislativo.
En esta ocasión, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha iniciado un proceso contra Torres Saravia por supuestas irregularidades en contrataciones durante 2023 y 2024.
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Acusaciones por corrupción y perjuicio al Estado
Las investigaciones apuntan a presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, que habrían causado un significativo daño al Estado. Durante los próximos 120 días, las diligencias incluirán la recopilación de pruebas documentales, testimonios clave e inspecciones en áreas como Recursos Humanos y Legal del Congreso.
El objetivo de las autoridades es verificar si las contrataciones realizadas bajo la gestión de Torres Saravia cumplían con los requisitos legales o respondían a intereses particulares ajenos al servicio público.
Un historial de acusaciones graves
Este nuevo caso no es el único que complica la situación legal de Torres Saravia. El exfuncionario ya estaba bajo la lupa por su presunta participación en una red de explotación sexual dentro del Parlamento, una denuncia que conmocionó al país. Además, se le vincula al asesinato de Andre Vidal Gómez, exasesora parlamentaria cuyo deceso, en circunstancias sospechosas, sigue sin resolverse.
Según el Ministerio Público, las investigaciones podrían revelar un patrón de abuso de poder y desvío de recursos públicos. Entre las figuras clave en estos casos destacan Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Ramírez, quienes trabajaron junto a Torres Saravia, además de la fallecida Andre Vidal.
Cambios en la defensa legal de Torres Saravia
El abogado Benji Espinoza renunció recientemente a la defensa de Jorge Torres Saravia, argumentando motivos económicos. En declaraciones a Willax, Espinoza descartó que su decisión estuviera relacionada con contradicciones o posibles pruebas en el caso, aclarando que las investigaciones serán las que determinen responsabilidades.
A pesar de ello, Espinoza había señalado previamente que abandonaría el caso si surgían evidencias contundentes contra su cliente. Tras su renuncia, el abogado Juan Peña asumió la defensa de Torres Saravia, quien sigue bajo escrutinio por las denuncias de corrupción y explotación sexual en el Congreso.
