La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra varios congresistas por presunto peculado doloso y, en un caso separado, contra la exparlamentaria Luciana León por tráfico de influencias agravado.
También lee:
Juan José Santivañez: “Vela debe ser sometido a proceso disciplinario y luego pasar a la JNJ”
Denuncia contra congresistas por uso indebido de fondos
Los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú), María del Carmen Alva (no agrupada), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga Trillo (Avanza País), Arturo Zeballos (Renovación Popular), y Diego Bazán (Renovación Popular) fueron denunciados por la Fiscalía por viajar a Trujillo, región La Libertad, el 11 de febrero de 2023, utilizando boletos costeados por el Parlamento. Según el Ministerio Público, estos boletos fueron gestionados para asistir al cumpleaños del legislador Diego Bazán Calderón, lo que configuraría el delito de peculado doloso.
La denuncia también incluye a Rosangela Barbarán (Fuerza Popular) como presunta autora de peculado doloso en grado de tentativa. De acuerdo con la Fiscalía, Barbarán solicitó un boleto aéreo financiado por el Congreso con la intención de viajar al evento, pero canceló el viaje por “motivos personales”.
Caso Luciana León y ‘Los Intocables Ediles’
En otro proceso, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia contra la excongresista Luciana León por tráfico de influencias agravado. León habría aprovechado su posición parlamentaria para interceder ante funcionarios públicos y miembros del Partido Aprista a cambio de beneficios económicos entre 2018 y 2019.
Luciana León está vinculada al caso de la organización criminal ‘Los Intocables Ediles de La Victoria’, desmantelada en agosto de 2018 cuando la Policía Nacional arrestó al entonces alcalde Elías Cuba y otros funcionarios municipales. Esta red obtenía ingresos ilícitos de más de 26 millones de soles anuales mediante cobros ilegales a comerciantes ambulantes y por servicios municipales.
La excongresista aprista habría actuado como el brazo político de esta organización, gestionando la sobrevaloración de obras públicas y recibiendo pagos mensuales de entre 15,000 y 30,000 soles durante 2017 y 2018.
En enero de 2020, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país para Luciana León, medida que fue levantada en julio de 2024.
