El Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato actuaron de manera ilegal cuando firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht en el 2019, aseguró la exprocuradora Katherine Ampuero.
Para empezar, “nunca un procurador de la República ha renunciado al cobro de la reparación civil, pero ha ocurrido por primera vez con la devolución de 524 millones de soles, retenidos en un fideicomiso, monto que fue devuelto a Odebrecht por orden de un juzgado”, recordó Ampuero.
Un hecho grave es que la colaboración eficaz señala que solo se deben archivar investigaciones en las que se aceptó la comisión de delitos, como han sido en los cuatro proyectos: Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Línea 1 de Metro de Lima, la Vía de Evitamiento del Cusco y la Costanera del Callao.
Pero los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, incluidos los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, archivaron todas las investigaciones a los brasileños donde había procesos en giro como en el Gasoducto del Sur, donde nos han demandado por 1,200 millones de dólares. También el caso de Rutas de Lima, donde está implicada Susana Villarán.
Otra de las oscuras maniobras fue el de exonerar a la empresa corrupta del pago que tenía que hacer de las ganancias ilegales, vale decir, de los 30 millones que la misma Odebrecht había reservado para este pago adelantado.
Cabe subrayar que la ley de colaboración eficaz señala que los beneficiarios solo debían ser los cuatro ciudadanos que firmaron el acuerdo, Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior, pero en el acta firmada los beneficiarios son todos los funcionarios de todas las sucursales de la transnacional del delito.
La Procuraduría, al renunciar a tomar nuevas medidas judiciales con las pruebas que aportaran los colaboradores, lo mínimo que podía exigir, en contraprestación, era también impedir que la empresa pudiera denunciar al Perú en sede nacional y en el exterior. Esto, para que no se dé pase a arbitrajes como en el CIADI, principalmente de parte de Odebrecht, por 1200 millones de dólares en el caso Gasoducto.
“La cláusula de progresividad es un invento porque no existe en la ley. Consiste en que la empresa iba a reconocer más hechos ilícitos en un futuro, ya que en el documento solo fueron por cuatro obras. Progresivamente nos iban a entregar información o reconocer delitos en casos como el gaseoducto del sur u otras investigaciones (…) O sea, una información futura e incierta que iban a dar los directivos de Odebrecht y la norma te indica que debe ser información entregada y corroborada. De ninguna manera puede ser información futura e incierta”, refutó la exprocuradora.
Asimismo, recalcó que pasaron cinco años rumbo al sexto y los directivos no han reconocido ningún otro hecho delictivo, solo se cerraron en cuatro obras (Interoceánica Sur [Tramos II y III], Línea 1 Metro de Lima [tramos I y II], Costa Verde Tramo Lima-Callao y avenida Evitamiento Cusco).
“No reconocieron pagar coimas en ninguna otra obra como el gasoducto del sur, ni rutas de Lima, ni de Olmos, ni en ninguna otra. Seis años donde la famosa cláusula progresiva sirvió únicamente para beneficiar a Odebrecht”, agregó.
