Por: Pablo Carranza
– ¿Cuáles son sus primeras impresiones tras la decisión del Poder Judicial de anular el juicio oral contra Keiko Fujimori y otras personas por el «Caso Cócteles»?
Lo primero que puedo decir es que don Ricardo Palma tenía razón cuando dijo: «No hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza». Esto era lo que tenía que ocurrir en un caso que fue montado para destruir a una organización política y a una figura política, que es la señora Keiko Fujimori.
– ¿En qué fallaron los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela para llegar a esta situación?
Fue la obstinación de crear un caso de lavado de activos donde no existe. Voy a precisar que, por ejemplo, en el caso de los aportes de Credicorp, la imaginativa versión de que provenía de un fraude en la administración de persona jurídica que nadie ha denunciado, que nadie ha condenado, es una muestra de la voluntad ciega y obstinada de llevar adelante una acusación. Lo mismo pasó con el caso de señor Juan Rasmus, a quien acusaron de haber defraudado a su propia empresa, es decir, de haberse robado a sí mismo. Y, en el caso de Odebrecht, en el empeño ciego de querer probar un caso, algo que se daban cuenta y se dieron cuenta de que no podían probar, porque el propio Jorge Barata dio versiones contradictorias a propósito del supuesto aporte del que habló.
– ¿Tan ineficientes son los fiscales que no han podido armar los casos después de tantos años?
No, yo creo que han sido muy eficientes para el propósito que perseguían. El propósito que perseguían era poner fuera de la competencia electoral a una organización política y a una lideresa política, y mantenerla a ella y a sus correligionarios, compañeros o militantes, en la incertidumbre que genera un proceso penal destruyendo su imagen ante la comunidad. Para eso han sido muy eficientes.
– O sea ¿ellos nunca quisieron realmente encontrar la verdad y establecer responsabilidades en el Caso Cócteles?
No, en mi opinión, aquí se buscó cualquier cosa menos la verdad.
– ¿Esta situación también perjudica la imagen institucional del Ministerio Público?
Lo que ocurre es que esto es una responsabilidad que alcanza no sólo a la Fiscalía, también al Poder Judicial. La forma en que el Poder Judicial y la Fiscalía se aconchabaron para llevar adelante esta brutal persecución, que en algunos casos terminó como, por ejemplo, con la muerte de Alan García. Lo único que muestra es la necesidad urgente de una reforma total del Sistema Nacional de Justicia.
– Según el debido proceso ¿qué correspondería que hagan los fiscales?
Lo que tendrían que hacer es revisar si efectivamente tienen un caso y retirar los cargos absurdos. Pero más importante que lo que puedan hacer los fiscales es que haya un verdadero juez de investigación preparatoria a cargo del nuevo control de acusación que ha ordenado el colegiado de la de la Corte Penal Nacional.
– ¿Keiko Fujimori puede hacer algo frente a este atropello?
Todavía no, porque la situación sigue siendo de incertidumbre. O sea, el hecho es que la nulidad del proceso no significa que Fujimori y Jaime Yoshiyama hayan sido absueltos y puedan ir a decir que fueron víctimas de este montaje del que yo hablo. Todavía no ha llegado ese momento, pero sí los acerca bastante.
– ¿Debería la señora Delia Espinoza retirar a estos fiscales de una vez, ante la luz de todos estos hechos?
No, en mi opinión no. Ellos deberían quedarse en sus cargos a afrontar las consecuencias de su trabajo.
– ¿Cuáles son esas consecuencias?
Bueno, que el pueblo entero, que el país entero y las instituciones y la Junta Nacional de Justicia vean que todo el desperdicio que hubo de recursos públicos, los viajes, los paseos, las propinas dadas con dinero al contribuyente, solo sirvieron para crear un modelo inexistente en los sistemas democráticos de funcionarios que no rinden cuenta de sus actos. Y, que esto nos sirva de lección para que nunca más en la historia pueda haber funcionarios a los que no se les cuestione lo que hacen y que más bien voltean a perseguir a aquellos que critican o llaman la atención sobre las deficiencias de su trabajo.
El problema es que ese costo de comenzar de cero, además del costo que tiene para el contribuyente; estamos hablando de un proceso que tiene 7 años -casi 8- de gasto público. Del otro lado tiene a particulares pagando abogados durante 8 años.
– ¿La mano detrás de todo esto es de Gustavo Gorriti?
Es lo que dice el señor Jaime Villanueva y lo que no quiere investigar la fiscal de la nación. Él ya no es un periodista. Es cualquier otra cosa menos un periodista. Los periodistas, hasta donde yo recuerdo, recogen los hechos, no los fabrican.
Fiscal puede ser
destituido por JNJ
Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, dijo que los 30 acusados sin pruebas por Domingo Pérez solicitarán una sanción ejemplar para el fiscal ante la JNJ, entidad que lo puede destituir.
El abogado de Yoshiyama recordó, por ejemplo, los ingresos de Keiko Fujimori a prisión, además de la estancia de 15 meses de su defendido en el penal Castro Castro; e indicó que espera que la Junta Nacional de Justicia revise este y otros incidentes que, en su opinión, “han enrarecido el proceso”.
“Tendremos que presentar la queja contra el señor Pérez y contra el doctor (Víctor) Zúñiga Urdai, el juez de control de acusación. No es el único. Hay un grave problema en el sistema de justicia y la reforma procesal penal ha fracasado porque los jueces de investigación preparatoria en su mayoría actúan como el señor (Víctor) Zúñiga Urdai”, aseguró.
