El ministro de Justicia, Eduardo Arana, instó al Congreso de la República a evaluar las observaciones realizadas por el Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Según Arana, esta medida vulnera el principio de presunción de inocencia, lo que contraviene los fundamentos del Estado de derecho.
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Observaciones del Ejecutivo a la norma
Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arana explicó que el Ejecutivo decidió observar la autógrafa enviada por el Parlamento. Según el ministro, la normativa permitiría que los fiscales puedan ordenar detenciones sin contar con elementos sólidos que justifiquen tal medida, lo que podría generar abusos.
“El Ejecutivo ha considerado que no puede existir un Estado de derecho donde la presunción de inocencia no sea respetada. No podemos someter a los ciudadanos a la exageración de un fiscal que no realice una investigación debidamente sustentada”, señaló Arana.
Asimismo, el titular del Ministerio de Justicia hizo un llamado al Congreso para que reflexione sobre la postura del Gobierno. Según indicó, el objetivo es proteger a los ciudadanos de posibles arbitrariedades en la aplicación de la ley.
Críticas al sistema judicial
Arana también expresó su preocupación por el accionar de algunos jueces y fiscales, quienes, según su evaluación, toman decisiones de manera apresurada. Criticó que en varios casos, las prisiones preliminares se dictan basándose únicamente en sospechas y sin una adecuada verificación de los hechos.
“Consideramos que los jueces no pueden dictar alegremente detenciones preliminares sin antes verificar su propósito. El fiscal debe explicar al juez para qué quiere la detención y qué se busca conseguir con ella”, afirmó.
El ministro agregó que, en ocasiones, los magistrados emiten resoluciones copiando las solicitudes de la Fiscalía sin analizar a fondo la situación ni respetar los principios establecidos en la Constitución.
Posición del Gobierno en defensa del ciudadano
Arana enfatizó que el Ejecutivo busca garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando que medidas restrictivas como la detención preliminar sean aplicadas de manera indiscriminada. Por ello, reiteró la importancia de que el Congreso considere las observaciones realizadas y ajuste la norma para asegurar un equilibrio entre la lucha contra el crimen y el respeto a los derechos humanos.
