La burocracia peruana se ha incrementado sustancialmente en las ultimas décadas, en los tres niveles de Gobierno: nacional, regional y local. Esto debido a nuestra ‘generosa’ clase política que al asumir funciones ha abusado del clientelismo político y ha dado trabajo a familiares, partidarios y colaboradores, quienes los ayudaron durante la campaña electoral, no interesándole si cumplen los requisitos que demandan los diferentes empleos y si hay cargos disponibles en sus Cuadros de Asignación de Personal (CAP).
La mayoría de nuestras autoridades, sea de izquierda o derecha, percibe al Estado como generador de puestos de trabajo y poco o nada le interesa que los presupuestos de los que disponen se destinen al gasto corriente y no a inversión. Piensa que las inversiones en su región las debe hacer la empresa privada, adicionalmente de pagar sus impuestos de ley, y si no alcanza le estiran la mano al Gobierno Nacional.
La burocracia no sólo vive del Estado sino y también de la corrupción que les permite acumular fortunas constituyendo a la función publica en una nueva forma de hacerse rico en desmedro de los peruanos más pobres, incluyendo actos de corrupción inclusive en los programas sociales destinados para los más vulnerables.
Para el 2026, se requiere una interrupción brusca de este ‘sistema’, y llevar adelante una reforma total del Estado empezando por la disminución de ministerios y la restructuración de las organizaciones haciéndolas mas pequeñas, ágiles y musculosas, que sean de servicio a la comunidad, facilitadores y promotores de la inversión privada. Considero que como máximo deberían quedar 10 despachos ministeriales y su personal, tendría que reducirse al mínimo indispensable.
Asimismo, en todas las instituciones estatales debería realizarse una verificación de expedientes personales de todos los funcionarios, despedir a quienes ingresaron con títulos falsos y hacer una evaluación de desempeño para reducir el personal, de manera eficiente y justa. Cabe mencionar que si bien es cierto saldrían muchos empleados, estos podrían ser reasignados a otras organizaciones como por ejemplo a las comisarías de la PNP, donde desempeñarían funciones administrativas reemplazando a los efectivos policiales, quienes se incorporarían al patrullaje en las calles.
Importantísimo es que, para los cargos de ministros, viceministros, asesores, etc., se debe nombrar personal calificado que nos permita resolver los problemas del sector sin necesidad de recurrir a las inútiles y costosas consultorías.
Finalmente, en el año 2026, debemos retomar la formación de gerentes públicos para todos los niveles y estamentos del Estado a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), complementada por universidades civiles calificadas, así como rediseñar las carreras administrativas para que sirvan al Estado por periodos largos y no al gobernante de turno. En ese sentido, se deberá establecer escalas apropiadas en las remuneraciones para evitar la fuga de talentos a la empresa privada y evitar esa condenable frase que ”en el Estado se gana poco, pero se hace mucho”.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
