El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional reanudará el lunes 27 de enero, a las 9 de la mañana, el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntamente haber recibido S/ 2,3 millones coimas de empresas constructoras a cambio de ganar licitaciones (Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua) en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014). Durante la audiencia de ayer lunes 20, se continuó con el testimonio de los peritos y se reveló 143 documentos prueba contra Vizcarra.
En esta etapa, se ha previsto la declaración de “testigos técnicos” y peritos y que la sala inicie la evaluación de los 143 documentos presentados como pruebas por la fiscalía y los 109 documentos del abogado del exmandatario.
En una pasada audiencia declaró la contadora Liliana Sánchez, testigo técnico de la fiscalía, quien corroboró cómo las empresas constructoras ICCGSA y Obrainsa justificaron dinero de las presuntas coimas para el expresidente.
Durante su testimonio, ratificó dos informes que elaboró en el 2022 a pedido del Ministerio Público. Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, cuestionó a la testigo.
Durante el juicio, ya declaró un grupo de cuatro testigos de la fiscalía, entre ellos Marta Gutiérrez Yupanqui, gerenta de Administración y Finanzas de ICCGSA, empresa cuyos directivos confesaron el pago de S/ 1,3 millón como coima por la licitación del proyecto Hospital de Moquegua.
También declaró como testigo Celia Cruz, extesorera del Gobierno Regional de Moquegua, así como Iván Manchego, exasesor de Martín Vizcarra.
De otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene previsto discutir este martes dos acusaciones constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra. La coalición que gobierna el Parlamento pretende así someter al exmandatario a fin de desplazarlo política y electoralmente.
Primero, será votado el informe final elaborado por el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, sobre la denuncia constitucional que pesa contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos por la disolución del Congreso en 2019.
Dicho informe propone inhabilitar a Vizcarra 10 años de la función pública y 5 años a Del Solar y Zeballos. De aprobarse luego esa sanción en el Pleno del Congreso, ninguno de ellos podrá ejercer cargos en caso estén interesados de postular en las elecciones generales del 2026.
